Tomás Gómez
A casi tres meses de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, la implementación está dividida entre posibles enmiendas y más de 100 entidades que decidieron generar sus propios esquemas salariales en lugar de utilizar los que establece el Gobierno Central a través del Ministerio de Planificación (Mideplan).
La propia ley estableció varios plazos para ir ejecutando sus medidas, por lo que su plena vigencia se alcanzará en marzo de 2024.
Mientras tanto, se están considerando posibilidades de reforma.
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En este sentido, durante semanas, el Mideplan llevó a cabo una serie de diálogos, no siempre exentos de polémica, en los que se revisaría la normativa.
De este proceso ha surgido un borrador de reformas que, según la Ministra de Planificación, Laura Fernández, está siendo revisado en Zapote.
“Mideplan ha elaborado una propuesta que se encuentra en análisis en la Presidencia de la República antes de su presentación ante la corriente legislativa”, afirmó.
Los que siguen su propio camino
En el debate sobre la Ley Marco de Empleo Público, uno de los temas activos era cómo se aplicaría a las instituciones autónomas.
La revisión de la Sala Constitucional determinó que sí se podría aplicar con el formato de “exclusivos y excluyentes”. Esto implica que las instituciones determinen qué puestos requieren protección especial y, por lo tanto, estarán sujetos a regulaciones salariales pero con una escala propia.
Según las notificaciones que han llegado al Mideplan, esta lista ya supera el centenar.
En ella figuran el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
También se incluyen las Universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), la Estatal a Distancia (UNED) y el TEC, así como el Colegio Universitario de Cartago y el Colegio de San Luis Gonzaga.
A esto se suman 74 municipalidades y 6 concejos distritales. También en el ámbito de los gobiernos locales se han sumado Comités Cantonales de Deportes y Federaciones Municipales.
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Sobre este punto, la Ministra Fernández apuntó que si bien existía la posibilidad "consideramos que lo están interpretando erróneamente las instituciones pues no era para que declararan todos los puestos excluidos de la rectoría del Mideplan, sino aquellos altamente específicos afines a las competencias en autonomía", adujo.
"Este es uno de los temas que esperamos se dilucide por medio de una reforma de la Ley", cerró.
Nuevas reglas para el empleo público
La Ley Marco de Empleo Público se tramitó durante varios años. En 2018 se presentó como un complemento esencial del Plan Fiscal, pero el Gobierno del PAC sufrió numerosos fracasos en su impulso. No fue hasta que se incluyó en el Acuerdo con el FMI que la reforma se confirmó.
Aunque se firmó en 2022, la normativa no entrará en vigor hasta 12 meses después, plazo que se cumple esta semana. Sin embargo, no se producirán grandes cambios de inmediato, sino que se establecerán nuevos plazos:
- Se dispone de 6 meses para emitir el reglamento que permita la implementación de la Ley (ya ha sido publicado).
- Las instituciones tendrán 8 meses para ajustar sus sistemas de pago.
- En 6 meses se deberá tener listo el Sistema Integrado de Empleo, que servirá como guía para todas las instituciones.
- La normativa actualizada para los nuevos empleados públicos estará vigente hasta marzo de 2024.
- Los empleados públicos se dividirán en 7 grupos según sus funciones, para establecer los nuevos rangos salariales.
Mientras que los nuevos empleados públicos serán contratados bajo los principios de la nueva Ley, los empleados actuales deberán pasar por un ajuste.
El primer paso será definir los montos del salario global, y a partir de ahí se tomarán decisiones.
Aquellos que tengan salarios superiores a esa base mantendrán su salario congelado. Esto significa que no recibirán más beneficios adicionales ni siquiera aumentos por el costo de la vida.
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En cambio, aquellos que ganen menos de ese salario podrán recibir aumentos proporcionales al costo de la vida. Sin embargo, los beneficios adicionales desaparecerán y se aplicará un sistema de puntos que también se traducirá en pagos.
No se podrán realizar otros ajustes hasta que ambos grupos estén equiparados.
Con la Ley de Empleo Público el Servicio Civil pasará del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Planificación (Tomás Gómez/El Observador)
