Paulo Villalobos
El Ministerio de Educación Pública (MEP) tramita el despido de 41 funcionarios que se mantuvieron en huelga por más de 5 meses, como medida de protesta a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Se trata de directores, supervisores, profesores, conserjes, guardas de seguridad y cocineros de todo el país; quienes se sumaron al movimiento, afiliados al Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (Sinpae).
La institución confirmó a El Observador que en total se iniciaron procedimientos contra 50 empleados, que se ausentaron de sus puestos con motivo de las manifestaciones entre el 10 de setiembre de 2018 y el 19 de febrero de 2019.
Ese plazo es mayor en 74 días, si se compara con la extensión de la huelga efectuada por la Asociación de Profesores en Segunda Enseñanza (APSE).
De los casos, 37 se gestionan ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil (TASC) y 4 siguen en curso en la cartera.
A la cantidad de procesos abiertos por abandono de labores, además deben añadirse 9 más que se resolvieron de inmediato con el cese.
Esto último porque los trabajadores involucrados eran interinos, lo que agiliza su remoción de los puestos.
Diferencias en las cifras
La secretaria general del organización laboral, Cynthia Crespo, señaló que los números brindados por el Ministerio omiten que, de los 9 funcionarios despedidos, 4 debieron ser reinstalados por orden judicial.
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Ello por cuanto la institución no contempló que el sindicato permaneció en huelga hasta que el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José resolvió una solicitud de calificación de la protesta, al declararla legal en segunda instancia el 19 de febrero de 2019.
Una vez que trascendió el fallo, los miembros de la asociación laboral regresaron a sus centros de trabajo.
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Este medio consultó al respecto a la oficina de prensa del MEP el pasado lunes; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Otros casos en trámite
En el marco de un reportaje periodístico de El Observador, sobre las consecuencias que dejó la protesta contra la reforma fiscal; también se solicitó al Ministerio de Educación una actualización del estado de los expedientes iniciados contra huelguistas que salieron del país sin tener justificación alguna.
La apertura de los procedimientos se inició el 9 de octubre de 2018; a partir de un cruce de información de la planilla que participó de las protestas, con registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
En total se abrieron 232 casos. Un año después, la institución informó que se procedió con el cese de 44 funcionarios.
Otros 45 se gestionan ante el Tribunal del Servicio Civil y 6 requieren la resolución de recursos en ese órgano. 137 más fueron absueltos.
Afectación en aprendizaje
La huelga en el Ministerio de Educación Pública impactó los procesos de enseñanza de miles de estudiantes.
Sin embargo, la viceministra académica, Melania Brenes, no se atrevió a dar un balance preciso de la afectación que sufrieron los alumnos.
Ello por cuanto la institución puso en funcionamiento un plan de nivelación, que pretende articular los objetivos de aprendizaje perdidos en el último trimestre de 2018, con los contemplados en el programa 2019.
La medida se elaboró mediante un proceso de consulta permanente en el que participó cada Dirección Regional en el país.
Asimismo, para culminar el curso lectivo anterior, la cartera debió variar las evaluaciones parciales, el cálculo de la nota promedio de las pruebas de Bachillerato así como la supresión de temas en los siete exámenes.
También requirió atrasar las pruebas nacionales de los colegios técnicos poco menos de una semana y fue necesario echar mano de voluntarios para cuidar a los estudiantes en la ejecución de las pruebas.
Para solventar eventuales episodios similares, el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica al derecho de huelga y sus procedimientos, propone considerar los servicios de Ministerio de Educación como “estratégicos para la nación”, más no los considera esenciales.
Ello avala que en esa institución se realicen nuevas manifestaciones, pero con regulaciones. Es así como se establece — en caso de que se apruebe en segundo debate y se supere una consulta ante la Sala Constitucional — plazo máximo de protestas 21 días consecutivos o 10 días discontinuos.
Paulo Villalobos
