Mariana Mena
El Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD) continúan en disputas legales tras la suspensión Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie)
Mientras esto se resuelve, hay 60 contenedores con equipo a la espera de ser trasladados. Se estima que 50.193 son activos completamente nuevos, valorados en ¢12.485 millones.
Algunos de los equipos son:
- Computadoras
- Servidores
- Equipos de red
- Monitores
- Proyectores
- Impresoras
- Comunicación inalámbrica
- Audífonos
- Mouse
- Maletines
- Entre otros
Según informó el Ministerio el martes, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar una medida cautelar solicitada por la fundación contra el Estado y el Consejo Superior de Educación de suspender la decisión.
“Ante esto, la Procuraduría General de la República, interpuso una adición para que el juez resuelva la contracautela. Por medio de la cual, el Estado pretende la recuperación de más de 215.000 activos en poder de la Fundación”, señaló el MEP.
“También la FOD compró bienes con fondos públicos, entre estos 15 vehículos, y los puso a su nombre”, enfatizó el ministerio.
Asimismo, el MEP indicó que se han visto imposibilitados para retirar los bienes, debido al proceso legal presentado por la fundación.
Equipos son para el beneficio de niños y jóvenes de centros educativos. (Archivo/Observador)
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Posición de la fundación
Según expuso la Fundación, el 26 de junio, mediante acta notarial se solicitó al MEP que retirara de manera inmediata los 215.000 activos.
Sin embargo, el 27 de junio, mediante oficio DM-0957-06-2023, el MEP rechazó la propuesta. Por eso la fundación acudió al Juzgado Contencioso para que un juez notificara al ministerio que debe recoger los activos.
“Legalmente, lo que corresponde, una vez finalizado el convenio, es que el MEP se presente a retirar los activos. No es correcto decir que la fundación tiene alguna responsabilidad, pues recibió la orden de finalizar el convenio, detener toda actividad y desde mayo no recibe recursos del ministerio”, indicó Marcelo Carvajal, gerente de la FOD.
“Sin embargo, en aras del bien común y de contribuir con la educación, la FOD invierte $11.288 por mes de su propio patrimonio, en el alquiler de bodegas y custodia para garantizar la seguridad y que los bienes se encuentren en perfecto estado”, sumó.
Igualmente, se reprochó al MEP que la decisión de finalizar el convenio, “se realizó sin información suficiente, sin ningún tipo de conocimiento de las consecuencias e impacto”.
“Además, la finalización sin una transición ordenada, paulatina y acorde con las dimensiones de la educación informática, generaría una suspensión del servicio público y por ende una afectación directa a estos niños y jóvenes”, agregó Carvajal.
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“No hay certeza de los bienes”
El MEP alega que desde el 5 de mayo entregó a la Fundación las guías requeridas para llevar a cabo el traslado de los bienes y por ello solicitó entregar un inventario de activos.
“No obstante, la Fundación, únicamente ha entregado información incompleta, sin certificar y en formatos que impiden hacer una revisión y conteo para constatar los 215.000 activos que indicaron haber adquirido en el marco del convenio”, afirmó el MEP.
“No sería responsable recibir los bienes en esas condiciones. Hemos planteado solicitudes de información a la FOD que hasta el momento no han sido cumplidas”, detalló Mónica Acosta, oficial mayor del ministerio.
Asimismo, el MEP indicó que la fundación pidió que se asuma el costo del traslado de los equipos por un monto de $157.040 que incluiría:
- Movilización de 60 contenedores (a un costo de $2.500 por cada servicio)
- Alquiler y pago de un montacargas por cuatro semanas ($7.040)
- Pago del salario a 25 personas durante cuatro semanas
“También pretenden que el ministerio asuma el pago de los costos generados por los tres contratos que suscribieron, por decisión unilateral, para resguardo de los bienes. Los costos ascienden a $17.873 por mes”, acusó el MEP.
Debido a esta situación entre ambas instituciones, el proceso de consignación, está siendo atendido por la Procuraduría General de la República.
