Hermes Solano
El lavado de activos, en el que los delincuentes buscan hacer legal los dineros conseguidos en actividades ilícitas, mueve muchos millones de colones y mantiene alertas a las autoridades.
En este momento, el Ministerio Público trabaja en 170 investigaciones sobre legitimación de capitales, según las estadísticas dadas a conocer días atrás.
Ese número se contabilizó hasta mediados de octubre. De ese total de investigaciones, la mayoría son debido al narcotráfico, con 32.
La fiscalía trabaja para determinar cómo se originaron 131 del total de investigaciones que lleva por delante en este momento.
“En los casos en los que no podemos determinar cuál es el delito que originó el patrimonio, pero tampoco podemos establecer una procedencia lícita, el Ministerio Público presenta una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo y, en ese juzgado, se le da audiencia a la persona a la que se le decomisó el dinero o los bienes; si esta no logra probar la procedencia lícita de este patrimonio, se dicta la pérdida del activo en favor del Estado”, indicó Andrés Garro, de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial
Junto al narcotráfico y al gran número que faltan por determinar, las autoridades investigan legitimación de capitales por los delitos de estafa y corrupción (dos casos cada uno), así como uno de tráfico de personas, extorsión y robo agravado.
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(Archivo/El Observador)
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Desde el Ministerio Público destacaron que como parte de las medidas para mejorar la persecución de este tipo de delitos, fue la creación, desde enero de este año, de la oficina de Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Ahí hay presencia permanente de personal fiscal.
Esa iniciativa les permitió hasta el momento la apertura de 41 casos, de los cuales 24 se encuentran en trámite y 17 se resolvieron con desestimación.
Según el fiscal, a través de ese mecanismo, durante el 2022 se ha presentado 37 demandas por $7,7 millones y ¢241 millones, así como dos inmuebles y cuatro vehículos.
Agregó además que se lograron ocho sentencias con lugar, equivalentes a $57.227 y casi ¢45 millones, dinero que pasa a las arcas del Estado.
Las autoridades son enfáticas en que las consecuencias de este delito pueden afectar distintos ámbitos.
“Primero, se crea una distorsión comercial, pues, claramente, negocios que funcionan lícitamente no pueden competir con otros que se sostienen con dinero originado en actividades criminales”, dijo el fiscal Garro.
“También puede llegar a afectar desde un punto de vista social, por el poderío económico que puede ejercer el grupo lavador sobre la comunidad, exponiendo a esta y al país a las actividades criminales que generan estas ganancias, como lo son el narcotráfico y otros delitos graves”, finalizó.
