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MOPT desocupa terreno del Liceo de Costa Rica que el Ejecutivo pretende para Ciudad Gobierno

El traspaso de las instalaciones se discute en instancias judiciales.

Por Mariana Mena

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MOPT desocupa terreno del Liceo de Costa Rica que el Ejecutivo pretende para Ciudad Gobierno
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dejó uno de los terrenos del Liceo de Costa Rica, ubicado en Plaza Víquez, que la entidad alquilaba y que el Gobierno requiere para la construcción de Ciudad Gobierno.

Así lo confirmó el ministro del MOPT, Luis Amador a El Observador, este miércoles

“Es un terreno alquilado a la Junta del Liceo de Costa Rica, se les había informado desde el año pasado y se había firmado el mutuo acuerdo de la salida”, indicó el jerarca.

“La salida la hacemos porque eso es parte de los terrenos que necesitamos para Ciudad Gobierno, no es nuestro, era alquilado, por eso les notificamos y nos salimos”, agregó.

Además señaló que lo que pase ahora con el terreno es asunto de la Junta del Liceo, debido a que incluso hay un proceso judicial por el tema.

“Simplemente salimos, los funcionarios fueron reubicados a otras instalaciones que se están alquilando”, señaló.

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Firma de acuerdo

Fue en junio de 2023 cuando Yesenia Mathiew, presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, firmó -junto a varios ministros- el convenio que permitía trasladar el terreno al Ministerio de Educación Pública.

En el convenio se indica que la Junta se compromete a:

Colaborar desde la esfera de su competencia y posibilidades con la ejecución del proyecto Ciudad Gobierno, desarrollando las acciones útiles y necesarias que permitan el traspaso de la finca inscrita bajo matricula folio Real 1-45513-000 a nombre del MEP, de conformidad con los artículos 142,143 y 144 y conexos del Reglamento General de juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo 38249 del 10 de febrero de 2014″, señala el documento.

Otorgar el uso de la finca inscrita bajo matrícula folio Real 1-45513-000 al MEP, por lo que se entiende que el MEP podrá disponer del terreno en el mas Amplio de los sentidos qué la normativa vigente le permita, lo cual incluye cualquier acción necesaria para el desarrollo el proyecto Ciudad Gobierno”, amplía en el punto número tres de compromisos de la Junta Administrativa.

En contraparte, el MEP se compromete a garantizar el financiamiento del funcionamiento operativo del Liceo entre ellos, pago de servicios básicos y limpieza, comedor y transporte estudiantil entre otros. Aunque, especifica que eso está “sujeto al presupuesto anual según corresponda”.

Desde ese convenio, se informó que el MOPT dejará las instalaciones en el cierre del 2023.

El Observador intentó obtener una respuesta del MEP sobre el futuro del terreno, pero durante el miércoles no se obtuvo respuesta.

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Apelaciones 

El traslado del terreno al MEP para que se use en la construcción de Ciudad Gobierno ha estado en disputa. Un sector del Liceo de Costa Rica lo reclama como suyo, por lo cual la disputa se elevó a instancias judiciales.

Desde setiembre del 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió el traslado del terreno del Liceo de Costa Rica a manos del MEP y el Poder Ejecutivo apeló esa decisión.

Laura Fernández, ministra de Planificación y jerarca de la institución coordinadora del proyecto, confirmó el trámite en es momento.

“Se presentó una apelación a esa medida tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo, consideramos que no procede una anotación sobre un bien público y estamos esperando que el proceso siga su curso”, indicó en setiembre.

Fernández aseveró que el terreno en disputa es una bodega utilizada por el MOPT como taller y no se trata de un aula o un área necesaria para el desarrollo de la educación de los jóvenes.

Por el espacio el ministerio pagaba un alquiler mensual que generaba un ingreso al liceo de ¢18 millones.

La jueza Godelieve López Salas tomó la decisión de suspender el traslado con base en el interés de modificar el inmueble.

“Resulta evidente que versando el fondo del proceso ordinario en la nulidad del Convenio de Cooperación Interinstitucional, y en consecuencia la nulidad del traspaso de la finca correspondiente al fondo de este asunto, hay una pretensión de modificación y extinción sobre el derecho del bien inmueble objeto de esta litis. Por lo anterior, considera esta juzgadora que en aras de evitar actuaciones registrales que puedan tornar gravosa la situación jurídica en discusión procede ordenar la anotación de la demanda”, resolvió.

La acción fue interpuesta por el abogado Francis Tejeda y Fernando Orozco, presidente del gobierno estudiantil de Liceo.

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Bajo protesta

Cabe recordar que Rodrigo Soto, vocal I de la Junta del Liceo de Costa Rica, denunció presiones de los ministros para acceder a firmar estos documentos.

Incluso, reconoció en entrevista con El Observador que el ministro de Obras Públicas, Luis Amador ordenó el desalojo del inmueble en alquiler y un cese en los pagos, pero que si accedían a este convenio, se les pagaba hasta finalizar este año, tal cual sucedió.

“Muy contundentes de que si no firmamos el traspaso, no se vuelve a pagar el alquiler. Amador nos dijo que ordenó el desalojo de la manzana y no la va a usar más, nos quedamos sin alquiler”, dijo Soto el martes.

Él expuso en ese momento que la firma del convenio sería bajo protesta pues de lo contrario, tendrían que cerrar el centro educativo porque ya no tendrían el ingreso que significaba alquiler.

“La única alternativa es firmar bajo protesta y yo digo, realmente estamos acorralados y si no aceptamos hay que cerrar el Liceo por falta de liquidez y nos deja en situación de indefensión total”, justificó el miembro de la Junta.

“No tenemos opción, tenemos que firmar o cerrar el Liceo, estamos en indefensión, pero sí quisiera dar la lucha por una indemnización”, reiteró Soto.

En su criterio, debía de haber una indemnización al centro educativo puesto que el terreno se cedió mediante la Ley 5570 en 1974 mediante el Gobierno de Daniel Oduber.

Por parte del Gobierno, la firma estuvo a cargo de Anna Katharina Müller como ministra de Educación; Jéssica Martínez, ministra de Vivienda y Luis Amador, jerarca del MOPT.

El proyecto de Ciudad Gobierno, que impulsa la administración para concentrar varios ministerios está frenado. La Contraloría cuestionó el procedimiento del Poder Ejecutivo para ejecutar el plan con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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