Allan Arroyo
Durante más de un mes, el Banco Central ha estado en el centro de la polémica debido a su solicitud de datos considerados sensibles de clientes a bancos y a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef).
Este conflicto llevó a que el Banco presentara denuncias penales contra el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, y contra Rocío Aguilar, en su calidad de superintendente, por negarse a cumplir con esta petición, por tratarse de datos individuales.
En medio de cuestionamientos y acciones legales, el presidente Rodrigo Chaves afirmó este miércoles que no tiene una opinión definitiva al respecto.
“Este asunto debe ser dilucidado, y espero que se resuelva de la manera más constructiva posible”, respondió el mandatario cuando fue consultado por El Observador.
Chaves dijo que el Banco Central goza de independencia en sus funciones.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que no asiste a las reuniones de la junta directiva del Banco Central, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Cuestionamientos y dudas
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa ha iniciado una investigación sobre la solicitud de información del Banco Central.
El presidente de este ente, Roger Madrigal, estuvo en audiencia ante los diputados la semana pasada y afirmó que la superintendente Aguilar estuvo de acuerdo, en principio, con entregar la información solicitada. Sin embargo, la Sugef lo contradice.
“En ningún momento se acordó por las partes (FMI, BCCR, Sugef y Conassif) que el suministro al BCCR de datos crediticios por parte de Sugef conllevara a incluir el número de identificación de los deudores”, señaló la Superintendencia a El Observador.
La investigación en la Asamblea Legislativa continuará durante las próximas semanas. El jerarca niega que lo solicitado sean datos personales sensibles.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también ha acudido a la Sala Constitucional por este tema, y se están llevando a cabo acciones en estudio.
Por otra parte, otros recursos de amparo fueron rechazados debido a la información incluida en los argumentos y no por el fondo.
Las investigaciones sobre el intento del Banco Central de acceder a la información financiera de la población se suman a un expediente ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El reclamo lo interpuso la Fundación Privacidad y Datos (Pridat), y como primer paso se solicitó una medida provisional que está en proceso.
Por el momento, la jueza Liana Morera ha señalado que “en este estadio procesal es prácticamente imposible determinar o emitir un criterio valorativo de fondo”.
En una primera resolución se dio audiencia al Banco Central.
El Colegio de Abogados calificó la petición de datos como “inconstitucional” y cuestionó las atribuciones que toma el BCCR.
En esa línea, los profesionales en Computación e Informática han advertido que, desde su punto de vista, existen irregularidades y una “grave inseguridad jurídica” en la polémica petición.
