Redacción El Observador
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cuestionó las motivaciones que tuvieron las autoridades del Banco Central para presionar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a entregar información sensible de los deudores del sistema financiero nacional.
“Este accionar nos recuerda a la controversial Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el gobierno anterior. Nuevamente estamos frente a una solicitud que va en contra de los principios fundamentales de la privacidad y la protección de datos personales”, condenó Juan Carlos Hidalgo, presidente del Comité Ejecutivo del PUSC.
La agrupación política dijo reconocer la importancia de la supervisión, regulación y el uso de datos para la toma de decisiones y construcción de estadísticas, pero que esta se puede llevar a cabo sin utilizar datos personales.
“El acceso a este tipo de información expone a los deudores a riesgos innecesarios y al uso indebido de sus datos personales y financieros. Estos riesgos van desde el uso inadecuado de los datos personales hasta exposición a ataques cibernéticos. Asimismo, los descargos recibidos hasta ahora nos recuerdan el cinismo que caracterizó las justificaciones de la UPAD”, agregó Hidalgo.
Por otro lado, el presidente del PUSC aplaudió la actitud de la Superintendente General de Entidades Financieras de rehusarse a entregarle la información sensible solicitada por el BCCR.
El jueves pasado, la superintendente General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, reveló que había sido notificada sobre una denuncia penal en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la Gerente del Banco Central de Costa Rica, el 21 de abril del 2023.
La acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito. Dicha información incluye el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia para el desarrollo de sus labores de supervisión.
Según la misiva, el BCCR habría fundamentado la solicitud y denuncia en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley N°7558 y los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, Ley N°9694.
La asesoría jurídica de la Sugef consideró que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas.
Alberto Dent, presidente Conassif
Varios sectores reaccionaron
El presidente del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, reprochó la acción del ente emisor y dijo que la denuncia no tiene “ni pies, ni cabeza”.
“No era necesario presentar una denuncia penal, que puede tomarse en consideración como si fuera un tema de asustar a la gente para que le dé la información. Eso en este país no se hace”, dijo en entrevista con El Observador.
Varios sectores se pronunciaron en contra del accionar del Banco Central en este tema.
La primera crítica provino del sector bancario. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) acuerpó el argumento de la Sugef de que se trata de información confidencial que no debe ser compartida, pues no es necesaria para la generación de estadísticas o cifras agregadas.
El sector empresarial, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), también externó su preocupación con respecto al requerimiento de información personal que hace el Banco Central.
“La información solicitada es contraria a la Ley y no se observa la existencia de una justificación o criterios técnicos para contar con dicha información de forma detallada y centralizada. Además, preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso que se pudiera estar considerando para esta información sensible”, indicó la agrupación en un comunicado.
Los diputados Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista y Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, fueron los primeros en posicionar sus voces en contra.
“Me cuesta entender por qué el Banco Central o su junta directiva necesitarían los datos personalizados de deudores, siendo que para la dirección de la política pública lo que se necesita son datos agregados, despersonalizados. En ese sentido creo que la Superintendencia hace una defensa de la privacidad de los datos de los costarricenses, cosa que para nosotros es de vital importancia”, dijo Feinzaig.
“Coincido con la superintendenta en cuanto a que el Banco Central parece haberse precipitado al no esperar la respuesta de la Procuraduría General de la República”, agregó el diputado.
Rojas, por su parte, calificó como “vergonzoso y delicado” el accionar del Banco Central de Costa Rica.
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