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Castigo físico a niños, como método de crianza, ocupa el tercer puesto de denuncias al PANI

Los avances cuando se implementa una ley o una legislación en particular, sobre todo en derechos humanos, no son tan…

Por Elizabeth Rodríguez

Tiempo de Lectura: 5 minutos
Castigo físico a niños, como método de crianza, ocupa el tercer puesto de denuncias al PANI
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Los avances cuando se implementa una ley o una legislación en particular, sobre todo en derechos humanos, no son tan rápidos. Toma un tiempo para que la sociedad los asimile y cambie conductas aprendidas o que ya se tenían como normalizadas.

Así opina Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien expuso la problemática que hay en Costa Rica detrás del castigo físico como método de crianza, el cual ocupa el tercer puesto en la lista de denuncias del PANI.

Esta acción representa el uso intencional de la fuerza contra el niño o niña, con el objetivo de corregir o controlar una conducta. Detrás de dicho mecanismo se encuentra la ignorancia ante otras maneras de crianza positiva y la carga cultural que se ha venido arrastrando en Costa Rica.

“Sólo en abril recibimos 1.149 denuncias que atendimos por agresión física. Después de 12 años de contar con una legislación muy específica en materia de castigo físico y trato humillante, los cambios no han sido como los hubiésemos querido y esperado, hay mucho que trabajar”, fueron las palabras de la ministra.

Las denuncias sobre negligencia en salud ocupan el primer puesto, y la violencia intrafamiliar el segundo, donde el PANI es el responsable de tomar medidas e intervenir por los menores de edad.

Problemática en Costa Rica

Según el Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), casi un 65% de las familias costarricenses considera que el castigo físico es un método de crianza útil y efectivo.

“No hay ni castigo menor ni castigo mayor, no existe una forma moderada de castigar, no hay tal. Está prohibido totalmente el castigo físico, sea una nalgada o un pellizco”, defendió la jerarca.

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 resalta el respeto a la integridad corporal como un espacio propio al que hay que poner límite frente al goce de los adultos, el cual debe ser fundamentado en el amor.

Desde el 2008, Costa Rica cuenta con una Ley Contra el Castigo Físico y Trato Humillante, el cual expone lo siguiente:

La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas menores de edad.

Jiménez hizo notar que hay niños que crecen pensando que es normal que sus papás les peguen lo cual permite que haya una propensión a que las víctimas de maltrato generen violencia en el futuro, manteniendo un círculo vicioso del cual es difícil salir.

“Corremos un grave riesgo cuando se normalizan este tipo de conductas. El adulto está llamado a ejercer una serie de poderes, derechos y deberes, como brindarle la educación. No es sólo llevarlo a la escuela, es toda la formación de valores que le doy en el transcurso del crecimiento”, añadió.

¿Cuáles son las soluciones?

Criar a los hijos a través del castigo físico limita las posibilidades de diálogo y comunicación, lo cual excluye a los menores de participar en la toma de decisiones y llegar a acuerdos. “Esto no significa dejar de hacer, dejar pasar; al contrario, tienen que poner límites claros, reglas claras”, agregó Jiménez.

Las campañas “Educar en Positivo” de la mano con Unicef, y las Academias de Crianza del PANI han venido trabajando para lograr cambios a mediano y largo plazo para evitar la violencia, logrando que los padres de familia utilicen otros recursos sin castigar físicamente a sus hijos.

“Toca trabajar en lo inmediato pero también a mediano y largo plazo. Y en esto, los estados no somos tan buenos: en mantener políticas públicas que nos permitan ver cambios a largo plazo en materia de niñez y adolescencia. Si trabajamos con niños y niñas en las escuelas, con los padres, en conjunto con el PANI, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, vamos a empezar a ver cambios importantes”, aseguró la ministra.

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Cuando ya es tarde

El ingreso de un menor de edad al servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños (HNN) por agresión física o negligencia representa un fallo de todo el sistema de protección del niño o la niña.

De esta manera opina Cindy Mora, directora del Departamento de Trabajo Social del HNN, quien comentó que la cifra de violencia hacia menores de edad se ha mantenido durante este año, aún siendo tan atípico por la pandemia.

Entre enero y marzo del 2020 se han atendido 342 personas menores de edad por situaciones de violencia vinculadas también a negligencia, violencia emocional y abuso sexual. El año anterior, durante el mismo periodo, se registró un caso menos.

Un 17% considera que el castigo físico se da por ignorancia, crueldad o tradición familiar, reveló Unicef en el 2014. (Archivo)

“Todo este encierro hace que los niveles de tolerancia familiar no sean los más aptos por eso nuestro trabajo se enfoca en brindar herramientas, a través de videollamadas y material por WhatsApp, para que los padres y madres puedan, dentro de su propia realidad, manejar a los niños desde la metodología de la disciplina positiva”, explicó Mora.

Dentro del HNN, existe un protocolo de atención con sospecha de niño agredido, que desde que ingresa se inicia con:

  1. La primera valoración médica básica para conocer la condición clínica del niño
  2. Activar el protocolo para conocer a través de radiografías el estado de su cuerpo
  3. Realizar la consulta al Departamento de Trabajo Social el cual inicia una serie de entrevistas a fuentes colaterales
  4. Presentar una denuncia ante el Ministerio Público para abrir un proceso de investigación y coordinar con el PANI para la activación de todo el aparato institucional

Según Mora, existen varios escenarios de cómo llegó el menor a un servicio de emergencias. La mayoría de las veces son los mismos agresores después de crisis convulsivas o descompensación del niño cuando deciden llevarlos al hospital. También cuando hermanos más grandes comentan la situación en espacios fuera del domicilio y son otros familiares los que acuden a ayudar al menor.

“Las sospechas inician cuando notamos contradicciones en los relatos o cuando existen evidencias físicas muy notorias como hemorragia en los ojitos, huesitos quebrados, desaseo a nivel de piel, dolor abdominal, etc.”, detalló.

Llamar al 911 cuando se sospecha de un caso de maltrato o agresión contra un menor es la mejor decisión que puede tomar un ciudadano costarricense ante esta problemática que seguirá afectando a nuestros niños en los años venideros.

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