Paulo Villalobos
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, figura en una investigación penal por aparente incumplimiento de deberes, al avalar el pacto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus sindicatos, que suspendía en esa institución, una reforma a sus remuneraciones.
La pesquisa se tramita en la Fiscalía General bajo el expediente 19-000033-0033-PE. Además aparecen como imputados los ministros de la Presidencia, Víctor Morales Mora, así como el de Trabajo, Steven Núñez Rímola.
A los tres políticos se les investiga por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. El artículo 339 del Código Penal destaca que ésta es una falta en la que incurre “el trabajador público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función”.
Para ello, la norma establece como castigo entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos público.
“Igual pena se impondrá al empleado público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”, añade la normativa.
Denuncia ciudadana
El expediente iniciado contra el mandatario y sus jerarcas tiene como origen una queja planteada por la abogada Gloria Navas Montero, del Movimiento Ciudadano CR.
La denuncia señala “hechos delictivos públicos y notorios” de Alvarado, que afectan “a la ciudadanía en general obligada a someternos a la Constitución Política y a las leyes”.
Con esto último, el documento -del que este medio tiene copia- hace referencia a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En ella, se incorporan capítulos que cambian el sistema tributario costarricense, al tiempo que fija topes en el gasto corriente y modifica el cálculo (al pasar de un monto a un porcentaje) de los complementos salariales del sector público.
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Pese a lo anterior, la Caja de Seguro Social – con el visto bueno de la Presidencia – y sus organizaciones laborales acordaron el 12 de agosto de 2019 someter a una disputa judicial la legalidad de esos cambios.
De esa manera las partes pusieron fin a una huelga de ocho días en centros médicos, que deparó en la cancelación de miles de citas y cirugías.
Por el tiempo que tardara en resolverse la pugna, la institución accedió a mantener el cálculo previo de las remuneraciones.
“No somos ciudadanos de excepción ni de segunda categoría y sobre nuestras espaldas no debe recaer el peso de la deuda pública, que va in crescendo a causa de la manifestada corrupción en los hechos que de seguido exponemos”, establece la queja.
Revés contralor
El 5 de setiembre de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Caja de Seguro Social ignorar el convenio y aplicar los extremos de la reforma fiscal en cuanto a empleo público.
Una vez que trascendió el criterio, la institución y la Casa Presidencial anunciaron que lo respetarían.
Cinco días más tarde, la Junta Directiva de la Caja sesionó de forma extraordinaria y acordó -unánimemente- acatar la disposición.
El controvertido pacto lo criticaron cámaras empresariales, grupos civiles y diputados opositores.
De hecho, representantes de esos sectores denunciaron penalmente al presidente ejecutivo de la entidad descentralizada, Román Macaya Hayes.
Otros investigados
La denuncia de Movimiento Ciudadano CR apunta contra 13 personas diferentes a Carlos Alvarado Quesada, Víctor Morales Mora y Steven Núñez Rímola. Tres son altos representantes de la Caja de Seguro Social: Román Macaya Hayes, Roberto Cervantes Barrantes y Gilberth Alfaro Morales.
Los restantes son el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría Vega, su adjunta, Martha Elena Rodríguez González; el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), Lenín Hernández Navas, su adjunto, Diego Garita Severino; el presidente de la Unión Médica Nacional (UNM), Edwin Solano Alfaro; el exdiputado y secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médica (Siprocimeca), Marvin Atencio Delgado; el vicepresidente del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), Óscar Uribe López, y su tesorera Jéssica Sanjur Hernández; así como el secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Rodrigo López García, y su secretario de relaciones públicas. Randall Granados Soto.
Todos ellos son investigados en la causa 19-000198-1218-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Allí ya figuraban el gerente general de la Caja de Seguro Social, Rónald Lacayo Monge, y el gerente financiero Carlos Manuel Alfaro Alfaro.
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Esas 15 personas son investigadas por el mismo delito, sin embargo, debido a que no tienen fuero especial -como si lo tiene un miembro de un supremo poder- su caso recae en oficinas distintas al máximo despacho.
La pesquisa en cuestión se inició ante una denuncia contra Macaya interpuesta por el congresista independiente Érick Rodríguez Steller y el exlegsislador Otto Guevara Guth. Posteriormente a esta se le sumó una queja del sector productivo.
El jerarca ha defendido que el pacto alcanzado era el único posible para detener el “drama humano” vivido en los hospitales durante el paro.
Ambas pesquisas se encuentran en la etapa inicial, que es privada para terceros, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Paulo Villalobos
