Tomás Gómez
Todos los denunciantes del Caso Aldesa tienen diferentes historias, pero mayoritariamente coinciden en que nunca se les dimensionó el riesgo al que se exponían sus inversiones.
“Si en algún momento me hubieran mencionado algo relativo a riesgos, no hubiera aceptado las inversiones. Siempre se me indicó que las inversiones iban a ser seguras, ya que yo consideraba que estaban en el puesto de bolsa y eran reguladas”, relató una mujer que tiene pendiente recibir $111.000 suyos y $150.000 invertidos por su esposo fallecido.
“Dichas asesorías no incluyeron ningún tipo de advertencia o revelación sobre las distintas vinculaciones o posibles conflictos de interés a lo interno de Aldesa. Omitieron información material (…). La estructura de Verbena y Graviton, cuya información financiera no revelaba adecuadamente la conformación de sus activos. Si se hubiera realizado una asesoría con todos los temas no habría invertido en dichos proyectos”, narra por su parte el representante de tres sociedades cuyo monto supera los $6,5 millones.
Historias similares se multiplicaron conforme el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entrevistó a las decenas de personas que han presentado denuncias. Ahí hay adultos mayores que destinaron los ahorros de toda la vida esperando un buen retiro, representantes de empresas y hasta dirigentes de asociaciones solidaristas.
El Observador tuvo acceso a los informes del OIJ que analizan dichos testimonios, fechados entre el 24 y el 27 de octubre anteriores.
La confianza en el corredor
En sus casos abarcados por el informe hay variados puntos de contacto de como terminaron en Aldesa. Algunos eran clientes de años y otros se movieron en diferentes financieras cuando sus asesores de confianza cambiaban de trabajo. También hay organizaciones a las que abordaron vía correo electrónico; o quienes conocieron un corredor porque era el esposo de su amiga de la época escolar.
Ahora los une la expectativita cuántos de los miles o millones de dólares que depositaron en la que alguna vez fue un referente del mundo bursátil ahora podrían recuperar.
Otro elemento recurrente son las quejas sobre que las eventuales asesorías que se les daban a los inversionistas. Estas implicaban desde desconocer riesgo o destino de su dinero hasta la estructura interna de la empresa.
¿Cuál de todas las Aldesa?
Las dudas parten desde puntos tan generales como que se les presentaba “Aldesa” como un todo.
Muchos desconocían que existían Aldesa Puesto de Bolsa, Aldesa Corporación de Inversiones, Aldesa Fideicomisos, Aldesa Sociedad Titularizadora… y así sucesivamente.
Del “apellido” de cada una de ellas dependían si se trataba de entes regulados por la Superintendencia de Valores (Sugeval), o se movían totalmente por la libre.
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Ello es clave para dimensionar la vulnerabilidad y responsabilidad de las inversiones.
El OIJ citó algunos elementos no se distinguía con cual de los entes era que se mantenían los negocios; lo que podría generar confusión en los inversionistas.
El organismo judicial, por ejemplo, recalca que algunos” documentos tenían una imagen genérico de “Aldesa”. “Un logo con la palabra “Aldesa” en forma general, sin especificar una empresa en particular”, expusieron.
Lo mismo se apuntó respecto a otros documentos que no tenían identificadores de Aldesa. Eso sí, remititían a contactos de la empresa, configurando así el dominio funcional.
“El contacto indica: [email protected] y el número de teléfono señalado corresponde con el número telefónico de Aldesa Puesto de Bolsa, consignado en otros documentos de esa entidad a nombre de otro cliente, lo cual permite comprobar que se utilizaba el mismo número telefónico para las entidades supervisadas por Sugeval (Aldesa Puesto Bolsa) y para empresas no reguladas del grupo económico (ZF Coyol), y por lo consiguiente, se evidencia una vinculación funcional por actuación conjunta”, advierten.
Sugeval lo dijo antes
Parte de los elementos destacados por el OIJ coinciden con otras lecturas que había hecho Sugeval desde el 2019 respecto a casos específicos donde se podrían dar confusiones sobre la relación con entes regulados o no regulados.
Así consta, por ejemplo en el borrador del informe G40/0/3 del 7 de mayo del 2019. En él, dos funcionarias de División de Mercados e Intermediarios le señalaban a la entonces Superintendente, María Lucía Fernández, el análisis sobre la denuncia que puso una de las asociaciones solidaristas afectadas.
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“Se considera el hecho que la Asociación Solidarista aportara toda la documentación relacionada para la apertura de la cuenta en el Puesto de Bolsa, y terminara invirtiendo directamente en Aldesa Corporación de Inversiones (ACI, que no era regulada), como un indicio de que el denunciante pudo ser inducido a confusión ya que al firmar la documentación creyera que estaba invirtiendo a través del Puesto de Bolsa, pero que al recibir el dinero se realizara la inversión directamente a través de ACI. No se encontró información adicional en el expediente que permitiera determinar porque nunca realizó inversiones en el Puesto de Bolsa”, anotaron.
Otro caso de la Superintendencia
El Departamento también analizó en caso de la Solidarista de una venta de vehículos. Ahí se habría dado el depósito en el puesto de bolsa regulado; se pasó a ACI para la administración y para nuevamente hacer los pagos mediante el puesto de bolsa.
“Esta situación se considera un indicio de que este denunciante pudo haber sido inducido a confusión entre si estaba contratando con el Puesto de Bolsa o directamente con el emisor”, anotaron al respecto.
Tal conclusión es casi igual a la generada por el OIJ en otros casos.
“Los recursos fueron captados por ACI S.A directamente; sin embargo, los réditos de las inversiones en el detalle fueron por medio de Aldesa Puesto de Bolsa S.A; ente regulado por la Sugeval, por lo que, la
empresa responsable de captar los recursos no fue la misma en reconocer el interés generado; lo cual podía generar confusión al inversionista”, dice la narración del Organismo.
Conservadores, moderados, agresivos o sofisticados
El manejo de las inversiones requiere, al menos según la normativa, de varios perfilamientos para medir su tolerancia al riesgo y capacidad.
La escala se divide en conservadores, moderados o agresivos, según los porcentajes que se puedan destinar a inversiones más seguras o productos alternativos.
En ese entorno, se destaca que la mayoría se identificaban como “conservadores”. En ese rango se propone destinar un máximo del 10% de la inversión a productos alternativos.
No obstante, en algunos casos se identificaba que hasta el 100% se mandaba a productos privados. Inclusive en otros perfiles donde se permite más riesgo tampoco se sugiere destinar la totalidad del monto a este tipo de productos.
De manera adicional las narraciones exponen desconocimiento de los resultados de las evaluaciones que les aplicaban; así como de sus alcances. Uno de los afectados contó que “no recibió por parte del asesor explicación alguna, en cual parámetro fue catalogado ni las condiciones o implicaciones de dicho perfil, a pesar de las reiteradas advertencias de que no quería asumir ningún tipo de riesgo en las inversiones”.
Denunciantes atentos a hallazgos
Al trascender los informes, El Observador consultó con varias voces cercanas al caso, quienes mostraron su satisfacción por los hallazgos enlistados por el OIJ.
Una de esas personas es el abogado Roger Guevara, que representa a varios de los denunciantes.
Según su criterio, “estos informes vienen a confirmar la evidencia de lo que se ha expuesto. Irregularidades de un grupo empresarial que aprovechó un sector regulado para vincular a esos inversionistas sin conocimiento a un sector no regulado por completo”.
El abogado fustiga la manera en que los diversos actores dentro de Aldesa se habrían movido e intercambiado información, trayendo más actores al posible elenco.
“Era una manipulación de un nombre comercial, de una actividad regulada donde el puesto de bolsa y los corredores de bolsa jugaron un papel estratégico para engañar a las personas”, describió.
Guevara cerró comparando el escenario local con que el que en otros países se atendería una denuncia de este tipo. “Este caso en Estados Unidos en tres meses se hubiera resuelta”, concluyó.
