Tomás Gómez
Las leyes vigentes permiten que las pruebas prácticas de manejo y otros trámites asociados a las licencias de conducir puedan ser realizados tanto por entes públicos como por empresas privadas.
Así lo determinó la Procuraduría General de la República (PGR) tras analizar el expediente legislativo 23.242 denominado “Proyecto de ley para Simplificar el trámite administrativo para la obtención de la licencia de conducir”.
Según el criterio PGR-OJ-043-2023, la medida sería válida pues la entrega final de la licencia seguirá dependiendo de la Dirección General de Educación Vial; de manera que la entrega del permiso de conducción sigue siendo una competencia totalmente estatal.
“La delegación que se pretende no violenta la legalidad de dichos actos, toda vez que estamos en presencia de actos que se configuran en requisitos necesarios para obtener la licencia de conducir (…) los cuales se delegan única y exclusivamente para su debida aplicación”, apunta el texto.
“El otorgamiento de la licencia de conducir, el cual consiste en el acto final, se mantiene en manos de la Dirección General de Educación Vial en razón de la debida comprobación respecto de la capacidad e idoneidad del administrado para conducir vehículos automotores, respetándose así la potestad de imperio con que cuenta el Estado costarricense”, sumaron.
Propuesta para las licencias
El plan fue planteado en agosto del año pasado por la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Este fue promovido ante los reiterados problemas que se presentan para cumplir este trámite en el país.
“Esta iniciativa busca dar mayor oportunidad a los habitantes de nuestro país para que puedan tener varias opciones para obtener su licencia de conducir. Es evidente que este se ha constituido en un trámite burocrático, lento y que ha generado mucha corrupción en sus procedimientos actuales”, apuntan los diputados en la presentación.
Para ello, proponen ajustes en cuatro ejes:
- Empresas públicas y privadas podrían sumarse a ofrecer pruebas prácticas
- También podrían dar el curso teórico y la capacitación para infractores, actualmente limitada a centros educativos
- Las tarifas se establecerían vía decreto
- El MOPT mantendría el control y fiscalización. Los cobros asociados se administrarían mediante un fideicomiso que tenga como destino específico este tipo de temas.
Una idea similar propone la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien apoya la tercerización de las pruebas.
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Proyecto necesita ajustes
Tras la revisión del texto, la Procuraduría sugirió ampliar las justificaciones del proyecto, para sustentar el impacto de la iniciativa en el acceso al servicio.
Además, se pide ampliar el criterio profesional para la constitución del fideicomiso.
“De las normas transcritas, es relevante señalar que para la adopción del fideicomiso se requiere demostrar mediante estudios previos de carácter financiero, ambiental y social, que su constitución es la mejor opción para la Administración de satisfacer un determinado fin público”, anotaron.
Pese a esas observaciones, se señala que el texto es enmendable para que los diputados tomen una decisión final.
A su criterio, la iniciativa “no presenta problemas de fondo en cuanto a constitucionalidad y legalidad, pero sí posee problemas de técnica legislativa que, con el respeto acostumbrado, se sugiere solventar”.
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(Alonso Solano/El Observador)
Un año por una cita para prueba de manejo
En las últimas semanas El Observador ha dado a conocer el estado actual de las pruebas de manejo, sobre todo en lo referente al examen práctico.
Las personas interesadas han topado con una espera de hasta 11 meses para la realizar la evaluación.
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Factores como una baja en la nota mínima del exámen teórico y falta de personal aparecen entre las razones
Entes como la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República han intervenido en el tema. También la Sala Constitucional suma decenas de reclamos y tras declarar que el atraso en las pruebas puede generar afectación en derechos como el trabajo, ha dictado reiteradas sentencias donde pide adelantar citas y mejorar la asignación de citas.
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