Larga espera por pruebas de manejo es "inadmisible" y lesiona derechos de los ciudadanos, opina la Defensoría

El ritmo de apertura de citas para la prueba práctica de manejo no soluciona el problema que existe y se deben buscar otras opciones para beneficio de los ciudadanos que necesitan trabajar o movilizarse.

Esta es la opinión de la Defensoría de los Habitantes, otra institución a la que los costarricenses han recurrido debido a la incapacidad de Educación Vial para programar citas para la prueba práctica de manejo.

Según la institución, es cada vez mayor el número de personas se quejan por los plazos prolongados para realizar las pruebas teóricas y prácticas.

“La Dirección General de Educación Vial está colapsada, sin la capacidad de personal y material suficiente para hacer frente a los retos que demandan los usuarios del servicio y ofreciendo soluciones temporales como el aumento de los horarios de atención”, concluyó la institución después de revisar el caso.

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En la Defensoría recomiendan que el MOPT aplique contingencias como extender la validez de los permisos temporales para aprender a manejar, los cuales brindan a la persona el derecho a manejar siempre y cuando vaya acompañada de otro conductor que tenga la licencia vigente. Actualmente, estos carnets tienen una vigencia de tres meses, tras los cuales se debe hacer una renovación.

Para la institución, lo óptimo sería que la validez de estos permisos se extienda por un año, sin costo ni trámites adicionales para los afectados.

Todas estas recomendaciones no solo se trasladaron a la Dirección General de Educación Vial, sino también al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

“Es inadmisible”

La Defensoría ha emitido críticas sobre la Dirección General de Educación Vial por los problemas con las pruebas de manejo, así como por los inconvenientes que generan a los ciudadanos.

La institución ha indicado que “si bien se han aplicado medidas paliativas, estas no son constantes y no resuelven el problema de la solicitud de citas para las pruebas teóricas o prácticas”. Aduce que se trata de un servicio público que debería ofrecerse con calidad y eficiencia.

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“Para una persona que depende de su vehículo para trabajar o desplazarse, el acceso a las citas debería ser eficiente, fluido y prácticamente inmediato”, señaló.

“Tener una cita para finales de 2023 o 2024 es un tiempo que excede los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y por lo tanto es inadmisible. Es evidente que la situación implica una vulneración y desprotección por parte del Estado hacia los usuarios del servicio, quienes requieren la intervención y coordinación de las instancias competentes dentro del MOPT”, añadió.

Además, la Defensoría solicitó un informe sobre la incorporación de recursos humanos y financieros para abordar las deficiencias en las pruebas, así como sobre la posible transferencia de la plataforma de citas al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), dada su competencia.

Hasta la Sala IV por una cita para prueba de manejo

El Observador ha publicado en los últimos días el complejo escenario que espera a quienes deben realizar las pruebas prácticas manejo.

La última liberación de espacios fue en abril y agendó citas para marzo del 2024, es decir, 11 meses de espera.

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Gary Jiménez, asesor de Educación Vial, alegó que hay varias causas para el atraso, entre ellas haber reducido la nota de aprobación del examen teórico de 80 a 70, así como una disminución en la cantidad de evaluadores.

La cantidad de evaluadores ha disminuido de 40 en 2017 a 32 este año. De ese número, 2 están a punto de jubilarse, mientras que los otros 30 deben atender las 13 sedes de evaluación en todo el país.

Ante esta problemática, los usuarios han buscado opciones alternativas, como la Defensoría o la Sala Constitucional, donde se ha reclamado la afectación que generan los retrasos de las citas en los derechos al trabajo y al acceso a los servicios públicos.

Las demandas han ido en aumento en los últimos años. En las sentencias, se pide mejorar el sistema de reserva de cupos y en su mayoría se ha obligado a otorgar una nueva cita en un plazo de un mes a las personas afectadas. En lo que va del 2023, al menos 68 personas han ganado sus casos judiciales.