Juan Pablo Arias
Una demanda por pruebas de manejo que excede las capacidades del Estado, debido a una serie de problemas operativos relacionados con el presupuesto y el personal, ha llevado al colapso del servicio de exámenes teóricos y prácticos, ambos necesarios para obtener una licencia de conducir en Costa Rica.
A la fecha, el periodo de espera por una cita de prueba práctica puede extenderse por 12 meses y los espacios para poder realizar estos exámenes se liberan arbitrariamente -sin previo aviso, a cualquier hora del día- según lo reconoce el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes en sus redes sociales.
La consecuencia es la imposibilidad de que los ciudadanos puedan obtener en un tiempo adecuado un documento oficial, como la licencia de conducir, lo cual, a su vez, limita sus opciones de transporte y acceso a empleos.
Ante este escenario, la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, revive la idea de que el servicio sea tercerizado. En otras palabras, sugiere que una o varias empresas privadas se encarguen de proveer la infraestructura, generar las citas y llevar a cabo las pruebas, bajo una concesión supervisada por el Estado.
“Lo terrible son los tiempos de espera. En este momento hay unas 40.000 personas en lista de espera. Cuando el Estado y sus instituciones llegan hasta cierto límite, ahí es donde tiene que entrar el sector privado a suplir esa necesidad que no está haciendo subsanada”, manifestó.
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La legisladora criticó no solo la falta de capacidad de la Dirección General de Educación Vial para satisfacer la demanda del servicio, sino también las sospechas de corrupción en la asignación de citas que han surgido dentro del propio MOPT.
“Yo creo en la tercerización, me parece que es la forma de salir a flote en esta situación, que no es de ahorita. Esto viene de hace muchísimos años…. y no solamente por la forma en que se sospecha que se venden las citas, sino por los tiempos de espera. El servicio tiene que ser tercerizado”, aseveró.
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En opinión de la diputada Obando, los servicios privados al Estado han demostrado ser robustos. Y las instituciones del sector público siguen siendo parte de los procesos con la aplicación de controles.
“El sector privado se cuida mucho, porque si no pierde la concesión de lo que se le está dando”, agregó.
La idea de tercerizar las pruebas de manejo fue mencionada en 2021 por el exministro del gobierno anterior, Rodolfo Méndez Mata, y respaldada en su momento por la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); sin embargo, la propuesta no prosperó. Méndez argumentó que el proceso de tercerización podía tomar hasta 5 años.
Situación inviable
El colapso en el servicio de pruebas de manejo ya ha sido abordado por la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional. Esta última ha resuelto solo en 2023 unos 70 recursos de amparo a favor de ciudadanos que necesitan realizar con urgencia las pruebas.
En los fallos, la Sala ha reconocido el derecho fundamental de los ciudadanos al buen funcionamiento de los servicios públicos e incluso ha calificado como “desproporcionado” el plazo de espera para una prueba práctica, “sin que conste alguna solución pronta”.
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Por su parte, la Contraloría concluyó que la gestión de citas para las pruebas de manejo es insuficiente, desarticulada y poco proactiva, mientras que la Defensoría afirmó que la larga espera por las pruebas de manejo es “inadmisible” y lesiona los derechos de los ciudadanos.
Pese a todos estos diagnósticos oficiales, la Dirección General de Educación Vial alega escasez de recursos y personal.
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En entrevista con este medio, el asesor Gary Jiménez, aseguró que el bajo presupuesto y la merma en el número de evaluadores tienen en jaque la operación del servicio e pruebas, sumado al poco interés de las personas por las plazas vacantes, las cuales consideran de salarios muy bajos.
Asimismo, Jiménez reconoció que buena parte del problema proviene de la reducción en octubre pasado de la nota mínima para aprobar el examen teórico, lo cual se traduce en más aprobaciones y más personas esperando una cita para el examen práctico.
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Nuevo trámite “obsoleto”
La creación de un nuevo trámite obligatorio es otra de las situaciones alrededor de las pruebas de manejo que es criticada por la diputada Obando, quien considera este requisito “obsoleto”.
Desde el 1 de mayo anterior, las personas que requieren una cita para una prueba de manejo (teórica o práctica), deben acudir a una sede del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) o de la Dirección General de Educación Vial, para que les tramiten la creación de un usuario y una contraseña.
La alternativa es tener una firma digital que solo servirá para llenar un formulario, el cual debe ser enviado a un correo electrónico.
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En ambos casos, las personas esperan por varios días a que el Cosevi les envíe el usuario y la contraseña para ingresar al sistema de citas.
“Estamos hablando de 24 sedes para toda la población nacional y estas oficinas no necesariamente quedan cerca de las zonas rurales. Esas poblaciones más lejos de donde están las oficinas y que no tienen firma digital, se van a ver marginadas para este trámite. A eso le sumamos que los horarios son de oficina, entonces las personas tienen que recurrir a un permiso laboral y desplazarse; esto incrementa el costo económico de todo el proceso.
“El problema con estos trámites es que todo es oneroso para la persona, se traslada a lo económico”, criticó. Por ello, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
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La diputada considera que la manera de combatir las sospechas de corrupción en la generación de citas no es “con más burocracia”, sino recurriendo a herramientas tecnológicas.
“La corrupción en la asignación de citas no se va a evitar con un usuario y una contraseña. ¿Por qué? La trampa está en los detalles. El problema es interno, los controles de software de ciberseguridad que no existen en Cosevi”, comentó.
La legisladora, quien es especialista en software, explicó que existen alternativas informáticas, como por ejemplo, las restricciones relacionadas con la dirección IP.
“Hay algoritmos para eso. Ahí es la creatividad y la necesidad del Cosevi para que contrate el equipo de software necesario. Esa podría ser una solución y luego podríamos estar hablando hasta de sistemas biométricos, que efectivamente comprueben que es usted y no otra persona la que toma la cita”, comentó.
La diputada Johana Obando, del PLP, presentó un recurso de amparo contra el nuevo requisito del MOPT para las pruebas de manejo. (Archivo/El Observador).
Tecnología y optimización
Además de la tercerización de los servicios y la implementación de herramientas de ciberseguridad, la diputada apoya la idea de que las instituciones utilicen la tecnología para automatizar y optimizar sus procesos internos.
Obando ve con buenos ojos que en las pruebas prácticas de manejo realizadas en los planteles, por ejemplo, se utilicen cámaras y sensores, lo que permitiría compensar la limitada disponibilidad de personal.
“A través de cámaras usted tendría la evidencia de que todo el proceso se ha hecho de forma correcta; también para que el usuario tenga derecho a la defensa, que pueda apelar o alegar ahí mismo, con un parámetro objetivo.
“Le estaríamos dando nuevamente la ventaja al usuario. Los sensores y las cámaras pueden asegurar que se está haciendo la prueba de forma correcta o incorrecta. Estos dispositivos electrónicos se pueden ajustar a una aplicación, entonces la misma aplicación puede ir dando indicaciones. Estaríamos optimizando, para disponer de los 33 instructores solo en pruebas de la calle”, sugirió.
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Sensores y cámaras permitirían liberar personal para otras tareas y facilitar los procesos de apelación, según la diputada Johana Obando del PLP. (Alonso Solano/El Observador)
