Sector Construcción: “Respaldamos las acciones para aclarar cualquier situación de corrupción”

Poco después de los allanamientos en Casa Presidencial y otras instituciones, por supuesta corrupción en proyectos de infraestructura vial, el sector de construcción nacional manifestó su apoyo a las pesquisas.

“Desde la Cámara Costarricense de la Construcción respaldamos las acciones para aclarar cualquier situación que tenga que ver con actos de corrupción o mal manejo de fondos públicos. Así lo manifestó la entidad, ante la consulta de El Observador, la mañana de este lunes. 

Lo anterior, luego de las 57 diligencias realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además de Zapote, más de 700 agentes judiciales registraron oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y casas de habitación.

A raíz de las mismas se han detenido, momentáneamente, a 29 personas. No obstante, el Ministerio Público confirmó que otras 18 también están siendo investigadas. Entre ellos se encuentra el ahora exasesor presidencial, Camilo Saldarriaga, así como otros funcionarios públicos y representantes de empresas constructoras, entre otros.

“La Cámara es respetuosa del ordenamiento jurídico y del proceso de investigación que realizan en este momento las autoridades judiciales”, añadió el gremio.

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Crimen Organizado

Según explicó la policía judicial, la investigación que dio origen al megaoperativo, de este lunes, inició en 2018. Sin embargo, un momento trascendental fue cuando, poco después, lograron la declaratoria de crimen organizado.

“Nos permitió acceder a herramientas de trabajo que usualmente no se utilizan cuando se abordan delitos de corrupción”, explicó el director del OIJ, Wálter Espinoza. Esta maniobra les permitió intervenir las conversaciones telefónicas a los sospechosos y con lo cual se pudo avanzar con el caso.

Dichas pesquisas apuntan a una supuesta malversación de ¢78.000 millones, en un periodo que abarca desde 2018 hasta el primer trimestre de 2020. 

De esta forma, se identificó un uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Además, se involucró personal de otras instituciones, añadió el jerarca del OIJ.

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¿Falta transparencia?

Durante los primeros meses de este año, la iniciativa global de Transparencia en Infraestructura (COST, por sus siglas en inglés) escogió, entre otros, el caso de Costa Rica para aplicar su Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI).

En total, la organización evaluó 30 instituciones del país, en una escala de 0 a 100. Así lo explicó el coordinador del estudio para nuestro territorio, Douglas Chacón. A pesar de que el MOPT obtuvo la nota más alta (77 puntos), el promedio nacional fue de 47,5.

Entre las principales conclusiones, la herramienta evidenció una carencia de disponibilidad en la información. Dicha situación atenta contra la transparencia, al mismo tiempo que fomenta la negligencia de las instituciones públicas, añadió.

“A pesar de múltiples esfuerzos regulatorios a nivel nacional, no hay un marco normativo específico integrado que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso de la ciudadanía a la información en el sector de infraestructura.

“Por lo tanto, las instituciones no tienen obligaciones ni el  riesgo de una sanción por no contarse con deberes y responsabilidades claramente establecidos por un procedimiento institucional explícito y documentado para la divulgación proactiva de información vinculada a proyectos de infraestructura pública”, añade el informe.

El mismo indica la importancia de aplicar las mejores prácticas internacionales al sistema actual para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, resalta la importancia de desarrollar una plataforma digital que reúna la información de acceso público.