Gustavo Martinez
El proyecto de Ciudad Gobierno podría requerir de un financiamiento adicional, en caso de no alcanzar el presupuesto máximo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones.
Así lo reconoció el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, la semana anterior y que encendió las luces de alerta de los diputados.
En esta audiencia, el jerarca defendió ante los diputados los dos proyectos de ley con los que el Gobierno busca asegurar la construcción del complejo.
“Lo que planteó el BCIE es que ese es el límite máximo ($450 millones) con lo que ellos podrían participar en el negocio”, aseguró el jerarca.
¿Más deuda?
Ante el cuestionamiento del diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, sobre qué sucede si no alcanza el recurso del BCIE y cómo se resuelve se resuelve el proyecto, Acosta declaró que incluso se podría acudir a otro crédito.
“Ellos pueden de sus propios recursos comprometer $450 millones, podría hacerse un crédito o algún mecanismo en el que hubiesen nuevos participantes”, dijo Acosta durante la comparecencia.
Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acudió a la Asamblea Legislativa para exponer sobre los dos proyectos para la construcción de Ciudad Gobierno (Archivo/El observador).
Nicolás afirmó que esta metodología podría abrir un portillo para endeudar al país con la construcción del proyecto, del cual estaría a cargo el banco regional.
“O caer en un financiamiento complementario, que es lo que no se quiere (…) Ese es un riesgo que se corre con un proyecto no concluido, no terminado, no definido; lo que estamos es apostándole a una salida que no garantiza la medida que usted acaba de defender aquí ministro”, respondió Nicolás ante el argumento de Acosta de no querer endeudamiento con la obra.
“Es decir, podemos entramparnos en un mito, en una hipótesis de decir: si con esto podemos resolverlo y al final me encuentro que no alcanzó el financiamiento que me ofrece la cartera del BCIE y al final tengo que terminar co-financiando un proyecto que al final es endeudamiento adicional”, agregó el liberacionista.
Quedan dudas, dice diputado
El Observador consultó al ministro de Hacienda sobre el riesgo de una figura de endeudamiento adicional con el proyecto.
Acosta respondió que las decisiones de un modelo de financiamiento adicional, de ser necesarias, las decidirá la empresa encargada del proyecto, que será designada por el BCIE.
“El diseño definirá el costo de la obra. El constructor (empresa que elegirá el BCIE) debería definir fuentes adicionales, de requerirse”, respondió el ministro de Hacienda.
Ante este escenario, este medio también contactó al diputado Francisco Nicolás, para conocer sus impresiones sobre la valoración del jerarca en temas de posibles deudas.
“Lo malo es la improvisación, la falta de capacidad que está demostrando cuando contesta que el proyecto está tan solo a un 30% de su conceptualización y con solo un 30% establecen un monto final de $450 millones y si el proyecto sale más alto que eso se va a recurrir a un financiamiento adicional”, enfatizó el legislador.
“Cuando le consultamos: ¿qué significa un plazo razonable? Establece de 20 a 25 años, entonces estamos cayendo en la ya conocida figura de la concesión de obra pública, por eso es que el proyecto empieza a tener muchas contradicciones”, añadió.
Nicolás declaró estar de acuerdo con el concepto de dejar de alquilar y contar con edificios propios, pero de la mano de un “proyecto robusto”.
También se le preguntó al Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre la posibilidad de endeudamiento adicional con la obra. No obstante, no hubo respuesta por parte de la cartera al cierre de edición.
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Constructor externo
El diputado Nicolás también consultó sobre la empresa que construirá el inmueble. Ante la pregunta, el ministro respondió que esa decisión recae en el organismo internacional.
“Interesante, cuando el arrendante contrata quien le va a diseñar al Estado. El Estado debe definir por sí mismo qué es lo que necesita, en función de un nuevo escenario laboral. En mi concepto, lo peor que usted puede hacer es decirle a quien le va a prestar: diseñeme usted lo que yo necesito”, indicó Nicolás.
El diputado del PLN, Francisco Nicolás, cuestionó el avance del plan, el modelo de arrendamiento y el riesgo de endeudamiento adicional del proyecto de Ciudad Gobierno planteado por el Ejecutivo (Archivo).
Vía legislativa
Acosta se refirió a los dos proyectos que permitirían la construcción de Ciudad Gobierno y otros tipos de obra pública.
El primer proyecto es una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública y el segundo es una reforma para dichos artículos.
Ambos proyectos fueron presentados por el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan) ante el Congreso, el pasado 14 de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias. En ese período, el Ejecutivo tomaba el control de la agenda legislativa.
Los textos surgen tras las advertencias que emitió la Contraloría General de la República (CGR), desde el pasado 5 de octubre, sobre el modelo de arrendamiento propuesto por el Ejecutivo.
La obra estaría a cargo del BCIE por un monto de $450 millones, en terrenos propiedad del Estado. El Estado costarricense tendría un plazo de 25 años para saldar la deuda con el organismo internacional.
En ente contralor llamó la atención sobre el modelo y no lo considera como legal, al ser la construcción en terrenos que pertenecen al Estado. Por este motivo, Rodrigo Chaves gestionó recientemente una reunión con la contralora, Marta Acosta, en la que cuestionó esa posición y la calificó como una interpretación.
Tanto el presidente Chaves como la jerarca de Mideplan, Laura Fernández, han enfatizado que la obra representará un ahorro al país de ¢30.000 millones anuales en alquileres.
El plan busca agrupar a más de 35 entidades y 10.000 trabajadores públicos en Plaza González Víquez.
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