Krissia Morris Gray
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) desmiente las afirmaciones que señalan que el sector empresarial defiende las convenciones colectivas del sector público.
La instancia calificó de “información falsa”, las declaraciones que circulan al respecto. Además, busca que no se generen opiniones incorrectas sobre temas importantes que se están trabajando con seriedad para beneficio del sector productivo del país.
“Falso, esto no está en ningún documento de trabajo, al contrario se está exigiendo que ese tema quede bien regulado para evitar los abusos que existen hoy”, señaló Uccaep mediante un comunicado de prensa.
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En días anteriores, la administración y sindicato de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) suscribieron la nueva convención colectiva. El acuerdo se envió al Ministerio de Trabajo para su homologación.
El costo anual del mismo ronda los ₡12.000 millones y es por cuatro años.
En el Ministerio de Trabajo hay 9 convenciones colectivas de instituciones públicas, a la espera de su homologación y 12 en proceso de negociación.
Construcción positiva
La organización empresarial apunta que subir los salarios de 28 mil trabajadores es contrario a los objetivos definidos y al esfuerzo para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Uccaep sí está aportando valor en la construcción positiva del Proyecto de Ley de Empleo Público y está logrando acuerdos con el diálogo a parir de consensos para contribuir a mejorar los proyectos de ley”.
Uccaep señala que ha buscado espacios para contribuir a mejorar los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo como parte del acuerdo técnico de ajuste fiscal suscrito con el FMI.
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“Pues consideramos que algunos de ellos podrían tener vicios de constitucionalidad que podrían ir en contra del objetivo de alcanzar la reforma estructural de todo el aparato del estado, que son necesarias para procurar la sostenibilidad fiscal y económica del país a corto, mediano y largo plazo”, señaló José Álvaro Jenkins, en columna publicada por El Observador el 7 de febrero anterior.
A esto añadió que “en aras de fortalecer un acuerdo con el FMI, consideramos importante construir propuestas sólidas para que sean discutidas en el Plenario legislativo y evitar caer en la trampa de aprobar leyes o decretos que nunca se puedan aplicar, con vacíos legales o que tengan poca coherencia”.
Krissia Morris Gray
