Mariana Mena
Costa Rica recuerda el primer año de la tragedia de Cambronero. Fue el 17 de setiembre del 2022, cuando un autobús cayó por un precipicio debido a un derrumbe generado por las fuertes lluvias.
En la unidad, viajaban más de 60 personas, de las cuales 8 fallecieron y 55 resultaron heridas. Un fallecido más, viajaba en una motocicleta atrás del bus, para un total de 9 personas muertas.
La empresa Alfaro Limitada, es la concesionaria de la ruta San José – Guanacaste, y la involucrada en la tragedia. Tras el accidente, el Consejo de Transporte Público (CTP) informó que la unidad accidentada no contaba con el aval para transitar.
Lo anterior al incumplir con el requerimiento de tener menos de 15 años de antigüedad y tampoco contaba con pólizas al día.
Según el CTP, desde el 29 de marzo se acordó cancelar los permisos de operación a la empresa. La medida se tomó tras un informe técnico que señala faltas en las obligaciones.
Entre ellas:
- La empresa brindó servicios de transporte con unidades fuera de la flota autorizada por el CTP
- No estar al día con las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social
La empresa cubre las rutas: San José– Hojancha– Nicoya—Nosara–Sámara–Puerto Carrillo– Estrada por el puente La Amistad.
Además, el 24 de agosto, la junta directiva del Consejo, aprobó otorgar la operación de la ruta a la empresa Transportes Inteligentes de Guanacaste S.A.
Sin embargo, el 27 de agosto, la jueza Vera Mora, del Tribunal Contencioso Administrativo, suspendió la decisión del CTP al aceptar una medida cautelar interpuesta por la empresa.
Dicha situación, dejó sin efecto de manera momentánea el acuerdo con respecto al nuevo operador, que iniciaba operaciones el 30 de agosto.
Actualmente, por la decisión del Tribunal, la empresa Alfaro continúa operando la ruta a la espera de que se defina la situación.
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Tres días después del accidente, lograron sacar el autobús que cayó al precipicio por causa de un deslizamiento en Cambronero.
Denuncia
Para mayo de 2023, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del accidente manifestaron que se presentó una denuncia penal y una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El abogado Boris Molina, confirmó en esa ocasión, que las acciones legales eran contra el Estado y la empresa Alfaro Limitada.
Las familias de las víctimas y los sobrevivientes están sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas, pero sobre todo, económicas, según el vocero.
“Muchas de las personas que murieron y de los que tienen heridas graves, son cabezas de familia, entonces las familias están sufriendo las consecuencias”, recalcó Molina.
“Además, la población debe continuar en alerta, dado que hay unidades de autobuses que se convierten en un riesgo para los usuarios”, manifestó en mayo.
El Observador intentó conversar con el abogado para conocer la situación actual del proceso legal, sin embargo no fue posible obtener una actualización al cierre de edición.
Alfaro se defiende
Por medio de un comunicado de prensa, la empresa Alfaro negó que se esté cometiendo las faltas que señala el Consejo de Transporte.
“Fuimos notificados del acuerdo y las razones. Dentro del plazo conferido, la Empresa Alfaro interpuso los recursos administrativos pertinentes ante la junta directiva y las acciones legales correspondientes ante el Poder Judicial”, indicó ante consulta de este medio.
La empresa asegura que está al día con el pago de las cargas sociales y que se han realizado los trámites para la legitimación de los autobuses.
“Hemos tramitado como en derecho corresponde, mes a mes los permisos de legitimación de flota adicional de refuerzo del servicio, porque la flota con que nos ordenan operar es insuficiente”, enfatizó Alfaro.
También señala que lo ocurrido con la cancelación, es por aparentes omisiones del CTP sobre información y recursos administrativos entregados.
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