Paula Ruiz
La Universidad Nacional (UNA) se sumó a las universidades públicas e instituciones del Estado que declaran todos sus puestos como “exclusivos y excluyentes”.
Esto les permite quedar exentos de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) con la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público.
La decisión se tomó este jueves por parte del Consejo Universitario.
“Declarar que todos los puestos administrativos y académicos que conforman la estructura ocupacional de la institución de la Universidad Nacional, sin excepción, son exclusivos, excluyentes e inmediatamente vinculados al desarrollo y ejercicio de las competencias constitucionales otorgadas a la Universidad Nacional para el ejercicio de su accionar académico sustantivo”, indica el acuerdo del Consejo.
Con respecto de la aplicación de Empleo Público, se indicó que departamentos de la UNA se encargarán de los aspectos relativos con la definición de las familias, el salario global y temas administrativos para aplicar esta Ley.
El órgano universitario justifica que en una resolución de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley de Empleo Público, los magistrados indicaron que se debían excluir a los funcionarios de universidades públicas de la regulación del Mideplan.
“Al respecto, el Consejo Universitario estima que no se requiere un análisis adicional para justificar las razones por las cuales dicho personal debe quedar excluido, pues la Sala Constitucional fue clara y precisa”, señaló el Consejo en su acuerdo.
De igual forma, recuerda este órgano que las remuneraciones están contenidas en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sobre el cual, el Mideplan “no podría llegar a tener nunca injerencia”.
“Es inconcebible, desde el punto de vista del ejercicio de la autonomía universitaria, sustraer del régimen de empleo institucional, a un sector del personal universitario bajo el equivocado argumento de que no realiza labores sustanciales propias de la actividad universitaria”, concluyó.
En la misma línea
Con esta decisión, la UNA se suma a otras entidades que decidieron apartarse de la rectoría del Gobierno Central dada su autonomía.
Ese es el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), esta entidad tomó la decisión el jueves 09 de marzo, un día antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación.
El Consejo Universitario declaró “que los puestos administrativos incluidos en todas las clases ocupacionales, así como los puestos docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) cumplen funciones exclusivas y excluyentes en la Institución, y son esenciales para el cumplimiento de los fines que tiene como institución de cultura superior.
Mientras que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) informó sobre esta decisión a inicios de la semana que recién termina.
Así se determinó mediante una resolución de la Rectoría No.67-2023 del 13 de marzo.
“Todas las clases de puestos de tabajo que conforman la estructura ocupacional del Instituto Tecnológico de Costa Rica quedan absolutamente excluidas de las regulaciones dictadas por Mideplan”, informó la Universidad.
En las últimas semanas, la lista de entidades que se apartan de la rectoría de Mideplan fue creciendo.
Al 8 de marzo, El Observador contabilizó 31 acuerdos en ese sentido. Se trata del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como casi una treintena de municipalidades.
Para ello, cada ente debe declarar sus puestos como “exclusivos y excluyentes”. Esto implica que si bien tocará ponerles nuevas reglas, estas se generarán según los parámetros institucionales y no con lo que dicte el Gobierno.
Al respecto, la Ministra de Planificación, Laura Fernández, había indicado que respeta la institucionalidad; recalcando así que nadie está exento de implementar Empleo Público.
Laura Fernández, ministra de Planificación recordó que las instituciones no quedan exentas de aplicar la Ley. Cortesía Casa Presidencial.
