Josué Alvarado
Desde diciembre del 2021 rige en Costa Rica una ley cuyo objetivo es promover el uso de energía renovable producida en casa, en las empresas o sus cercanías, lo que se conoce como generación distribuida.
La instalación de paneles solares suele ser la forma más común de producir energía limpia a esta escala, al menos en el país. Sin embargo, pocos nuevos contratos se han firmado desde que entró a regir la ley.
La mayoría de los cerca de 3.500 contratos de los cuales tiene reporte la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se firmaron antes de que entrara a regir la ley 10.086. Posterior a eso no se ha dado tal promoción, dijo el regulador general, Eric Bogantes.
Y para quienes tenían interés en hacerlo el panorama se complicó desde octubre del 2023. A partir de ese mes Aresep fijó una nueva metodología a través de la cual las distribuidoras cobran a personas y empresas por integrar su producción a las redes nacionales.
La nueva fórmula provocó que algunas de las personas que producían en sus casas o empresarios que ya habían instalado la tecnología en los techos de sus negocios pagaran hasta un 400% adicional en sus facturas.
Algunas de las compañías cobraron este aumento sorpresivo de forma acumulativa, lo que significó un golpe todavía más fuerte para la economía de algunos hogares y empresas.
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(Archivo).
“Vamos hacia atrás”, dice representante de generadores distribuidos
Laura Gutiérrez representa a un grupo de 240 generadores distribuidos en el país. Tiene tres espacios con paneles, incluida su casa. Narra que familias y pequeñas empresas han sido las más afectadas desde que entró a regir este cambio que hizo Aresep, y que tenía que hacer por mandato legal.
En una entrevista con El Observador, Gutiérrez señala que la ley del 2021 fue consensuada, discutida y representa una gran oportunidad para que Costa Rica cambie su matriz energética. Sin embargo, Aresep y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no supieron aplicarla y, más bien, generaron el efecto contrario.
Además, recuerda que en este momento el país está recurriendo a la quema de búnker para producir energía debido a la falta de lluvias y a la consecuente disminución de la generación hidroeléctrica.
Gutiérrez recordó que en tan solo un año el país pasó de producir prácticamente toda su electricidad de fuentes renovables a solo un 92% en el 2023. Considera que este escenario debería de incentivar, todavía más, la instalación de paneles en el país.
Sin embargo, dice que las instituciones públicas y el desempeño de las compañías distribuidoras se han convertido en un obstáculo.
“Lo que estamos haciendo es desincentivando que vayamos más bien creciendo (grupo con paneles solares) y vamos hacia atrás”, comentó.
Según ejemplos brindados por Gutiérrez, un restaurante ubicado en Heredia pagaba mensualmente ¢159.000 de electricidad. Con la instalación de los paneles redujo ese monto a ¢93.000.
Pero la nueva metodología fijada por Aresep y aplicada en este caso por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) provocó que llegara hasta ¢278.000.
Otro generador distribuido, también cliente de la ESPH, pasó de pagar ¢12.000 a ¢49.000 en su casa de habitación.
Según el artículo 6 de la ley de promoción y regulación de los recursos energéticos las tarifas consideran:
- el costo de los servicios auxiliares y respaldo que brinda el SEN
- la disponibilidad de la red
- los costos de interconexión y acceso
- los peajes de distribución y transmisión
- costos e inversiones en la red
- cualquier otro que Aresep establezca
El mismo artículo señala que no se pueden crear subsidios o cargas económicas en favor de aquellos usuarios que posean o instalen recursos energéticos distribuidos y en detrimento de abonados y participantes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Aresep reconoce problemas en la metodología
Este martes 9 de enero el regulador general reconoció en una entrevista con El Observador que han encontrado al menos “dos situaciones” que podrían modificarse de la actual metodología tarifaria. Es decir, acepta que la que entró a regir en octubre podría tener falencias.
Debido a esto Bogantes decidió suspender esta metodología y revisarla. El plazo es no menor a dos meses debido a que debe someterse a audiencia pública.
Cuando estaba vigente el método anterior los excedentes producidos por hogares y empresas a través de paneles se inyectaban a la red de las distribuidoras, quienes a su vez utilizaban esta energía.
Posteriormente, los generadores podían hacer uso de esa misma energía que habían inyectado, cuando la necesitaban. Esta era toda la transacción.
Las dos situaciones
Bogantes reconoce que hay dos “situaciones” con la metodología que estuvo vigente por tres meses: octubre, noviembre y diciembre del 20243. Se trata de:
- Aplicación parcial de la metodología: algunas empresas distribuidoras no aplicaron de forma simultánea todos los elementos de la tarifa. De manera que solo estaban cobrando por los servicios previamente descritos, pero no reconocían a los generadores los excedentes que inyectaban a la red.
- Cálculo erróneo o problemas en la fórmula: el plan era que las distribuidoras cobraran a los generadores ¢24 por cada kWh que producían y consumían. Pero las distribuidoras también habrían estado cobrando estos ¢24 por los KWh que consumieron de la red. Por ejemplo, ocurrió en hogares en los que los paneles producen solo un porcentaje del consumo de la familia. La tarifa de ¢24 solo se debió cobrar por la producción ligada a los paneles, más no al consumo de la energía del SEN. Se estudia si es un error en la aplicación por parte de las distribuidoras o un error en la fórmula.
“Proceso de ajuste”
Bogantes señaló que la aplicación de la ley no solo ha afectado a los generadores, si no también a las empresas distribuidoras que han tenido que hacer cambios en sus sistemas de facturación.
Considera que es un “proceso de ajuste en el que todos tienen que hacer lo mejor posible para lograr ese objetivo que se establece en la ley”.
“Uno esperaría es que las empresas distribuidoras tengan la madurez suficiente y el desarrollo comercial para reconocer a un costo equitativo y un precio justo esos excedentes. Sobre todo en la situación actual que se está entrando en una época seca por el fenómeno El Niño y que va a haber mucha producción térmica”, señala Bogantes.
El regulador general también dijo que hubo diferencias entre la forma en la que se aplicaron los cambios entre las distintas distribuidoras.
Mencionó como ejemplo a Coopesantos, que sí reconoció el pago de los excedentes inyectados al sistema y, además, no aplicó las tarifas máximas que establecía la fórmula.
Pero dijo que hubo otros casos en los que la situación fue más “desafortunada” como para quienes son clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
“No quisiera hacer un juicio de valor al respecto. Me da la impresión que es un reacomodo de los sistemas comercial y tal vez lo que pudieron haberlo hecho mejor es en haberle explicado a los usuarios lo que estaban sucediendo y qué estaban haciendo ellos”, añadió.
Explicó que en algunos casos las distribuidoras aplicaron en diciembre cobros retroactivos (es decir, que incluían los aumentos de octubre y noviembre), lo que generó que las tarifas se dispararan todavía más.
Grupo de distribuidoras cuestiona a Aresep
La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) solicitó a Bogantes no tomar esta decisión de dejar sin efecto la metodología. También cuestiona que la autoridad haya informado este cambio tras una reunión con la Cámara de Generación Distribuida.
“Su cálculo y su cobro se ha realizado de manera correcta por parte de todas las empresas, desde el pasado primero de octubre, fecha en que entraron a regir”, contradice Cedet a Aresep.
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“Las empresas de Cedet hemos actuado bien pero pareciera que no se está dimensionando el valor del trabajo que estamos haciendo y se quisiera tomar una decisión forzada favoreciendo los intereses particulares de unos pocos”, comentó el presidente de Cedet, Allan Benavides.
El regulador general explicó a El Observador que de encontrarse problemas en los montos cobrados también se establecerán los métodos a través de los cuales los generadores distribuidos podrán recuperar los montos pagados de más.
