Tomás Gómez
El abordaje de la Salud Mental en Costa Rica tendrá una serie oficial de parámetros gracias a una ley especial aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una iniciativa que comenzó a mover en la legislatura pasada la exdiputada Paola Vega y que retomó la liberacionista Andrea Álvarez en el actual Congreso.
A lo largo de 34 artículos, la normativa introduce una definición más amplia del tema, incluye más instituciones y profesiones en el abordaje y además reconoce una serie de garantías para los pacientes.
Los derechos de los pacientes
Un enfoque central en la nueva Ley de Salud Mental es darle un rol activo al paciente, luego de décadas con una concepción distinta sobre las personas que asistían a estos servicios.
Ahora, se reconocerán como garantías:
- Recibir la atención en condiciones dignas y humanizadas. Esto abarca respeto por la identidad, intimidad, servicio con base científica y acceso a los tratamientos más adecuados.
- Recibir acompañamiento de familiares o las personas seleccionadas antes, durante y después de los tratamientos.
- Poder aceptar o rechazar el acompañamiento espiritual o religioso. También se podrá rechazar el tratamiento si se considera perjudicial.
- Posibilidad de revisar el expediente con ayuda profesional adicional, por ejemplo de un abogado.
- No ser objeto de investigación clínica o experimental salvo que haya consentimiento expreso.
- Derecho a pedir un cambio del médico y equipo tratante.
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Más instituciones y personas trabajando por la Salud Mental
Según la nueva normativa, el tema de la Salud Mental pasará ya no solo por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud.
Ahora se incluirá a ministerios como Educación, Desarrollo Humano, Cultura, Trabajo; Condición de la Mujer, Deporte y Justicia (desde la Dirección de Adaptación Social y Policía Penitenciaria).
También instituciones autónomas como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
A ellos se suman el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), las Municipalidades y la Defensoría.
De paso se crearía un Órgano Técnico de Apoyo como voz experta en el tema; a la vez que se remozan las funciones de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Salud Mental.
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Respecto al abordaje profesional, se incluyen como áreas que deberían intervenir en los casos:
- Psiquiatría
- Medicina general y familiar, geriatría, neurología y pediatría
- Enfermería especializada
- Psicología, trabajo social y terapia ocupacional
La nueva ley promueve la Salud Mental en todas las edades. La define como “el proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo, caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en contextos familiares, comunitarios, académicos y laborales, y por el disfrute de la vida en armonía con el ambiente. La salud mental se promueve a través del sistema de salud y según factores biológicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y psicológicos” (Archivo)
La deuda con la Salud Mental
Aunque los temas de salud cuentan con su propio sustento técnico y profesional, no fue hasta 2021 que la entonces diputada Paola Vega llevó a la mesa un proyecto que incluye un abordaje integral.
Según explicó la politóloga la semana anterior, cuando se conmemoró el Día de la Salud Mental, la idea de la normativa es reconocer las diferentes situaciones que rodean el tema.
“La Ley de Salud Mental lo primero que hace es visibilizar el tema, visibilizar el concepto de salud de una manera amplia entendiendo que una persona goza de salud en el momento en que tanto su salud física cómo su salud mental es adecuada”, defiende.
Según Vega, el proceso topó también con resistencias. Primero dentro del gremio médico hubo roces por sectores que tenían muy marcadas sus competencias. Por otro, habían sectores que buscaban cambios de paradigmas muy rápidos.
“Paulatinamente vamos a tratar de hacer un cambio cultural, un cambio en el sistema y demás”, sintetizó.
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Aunque hubo un cambio en la Asamblea Legislativa, la iniciativa fue adoptada por la actual congresista Andrea Álvarez, que se encargó de su seguimiento.
Álvarez es experta en el tema y acumulaba años de experiencia, lo que la llevó a mantener el impulso al tema. Destaca que era necesaria una ley para darle continuidad a las políticas públicas más allá de una administración de turno, garantizando el enfoque en los pacientes.
“En el pasado dado que la visión que se tenía de la visión de la Salud Mental era muy paternalista; en muchas ocasiones se violentaron los derechos de las personas usuarias”, explica.
Ella agrega que la Salud Mental es clave para el desarrollo de otras áreas sociales.
“Es una falsa dicotomía decir que Salud Mental está opuesta a temas como la economía. En la medida que la población tenga una buena Salud Mental pues va a haber mayor crecimiento económico porque tenemos una población más sana”, apuntó.
El lunes 8 de octubre la iniciativa recibió su primer debate y ahora llegó la votación definitiva. El siguiente paso será la firma del Gobierno y de ahí la publicación en La Gaceta.
