Krissia Morris Gray
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Banco Central se pronunciaron en contra del plan de ley que busca establecer el pago electrónico en el transporte público.
La iniciativa denominada “Proyecto de ley que establece el pago electrónico con los servicios de transporte remunerado de personas”, bajo el expediente 21.674, impulsada por el legislador Jonathan Prendas, del Bloque Patria Justa.
Entre otros plantea que, el sistema sea implementado tres meses después la aprobación de la ley.
Este es uno de los aspectos que cuenta con la desaprobación tanto de la entidad reguladora como del ente emisor.
En el oficio PRE0066/2021, del 27 de agosto del 2021, suscrito por Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y Roberto Jiménez, regulador general, dirigida a la Asamblea Legislativa, se desprende que desde el 2017 se trabaja en el proyecto Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (Sinpe-Tp).
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El documento menciona la implementación de Sinpe-TP a partir de este 6 de setiembre en los trenes, primero en una ruta y gradualmente en las demás.
Al tiempo que se trabaja de lleno en la implementación del pago electrónico en autobuses, con la colaboración de los operadores del sector y cuyo lanzamiento está para el primer trimestre del 2022 e ir extendiendo, de manera gradual en diferentes rutas del país.
“(…) la normativa que se busca establecer en el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 21.674 resulta innecesaria para la implementación del sistema de pago electrónico en el transporte público”, se desprende del documento.
Debilitaría gobernanza
La iniciativa del diputado Prendas establece la creación de la Comisión de Pago Electrónico en Transporte Público, la cual se encargará de coordinar los lineamientos generales e implementar el pago electrónico en el transporte público.
Los funcionarios defienden que el proyecto del sistema de pago electrónico en el transporte público cuenta ya con un marco de gobernanza interinstitucional debidamente articulado para gestionar la construcción, implementación y funcionamiento del sistema.
El mismo está conformado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Aresep, Consejo de Transporte Público (CTP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Además del BCCR y las cámaras de autobuseros en representación de los operadores del transporte.
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“Esta iniciativa de ley resulta absolutamente inoportuna, inconveniente y contraproducente en su contenido y efectos, pues de aprobarse debilitaría la estructura de gobernanza del Sinpe-Tb, generaría un retroceso en la organización del trabajo y entorpecería la ejecución de un proyecto en marcha”, añade el documento.
Tanto Cubero como Jiménez detallaron en el documento que se cuenta con presupuestos, un plan de trabajo y un cronograma. Con una visión compartida y construida por medio de los acuerdos de industria, institucionales y el ordenamiento jurídico que determina las atribuciones y competencias de las instituciones involucradas.
“Se tienen también las condiciones financieras, técnicas, tecnológicas, administrativas y legales necesarias para concretar su puesta en marcha. Adicionalmente, se dispone de una estructura de equipos técnicos dedicados a la construcción de las entregas y a su implementación”, manifiestan las autoridades.
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Más en contra
Además de la Aresep y el BCCR, también el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Incofer y las cámaras de autobuseros externaron su desaprobación a la iniciativa.
Los representantes de las cámaras autobuseras coinciden en que es innecesaria una ley para la implementación del pago electrónico pues daría al traste con los esfuerzos que se han hecho hasta el momento para hacerlo una realidad.
Días atrás, Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas indicó que “consideramos oportuno que al momento de analizar el Proyecto de Ley se tome en cuenta este trabajo en conjunto que hemos venido realizando todas las partes, que con madurez y aprendizaje permitió poner de acuerdo a toda la industria del transporte público en un tema tan trascendental para nuestro país”.
Por su parte, Bernal Rodríguez, secretario general de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus) añadió que “el proyecto de Ley parece desconocer todas las acciones que ha llevado a cabo la industria del transporte público para que el pago electrónico sea una realidad”.
Krissia Morris Gray
