Tomás Gómez
En una “aclaración a la opinión pública”, el banco BAC Credomatic admitió detalles sobre la transferencia de datos de sus clientes que hizo al Banco Central. Por un lado insistió en que son un ente regulado sometido a la normativa y por otro reclamó las aparentes diferencias en la interpretación de normas
“En virtud de los requerimientos del BCCR para calcular la Tasa Básica Pasiva y la Tasa Activa Negociada, todos los participantes del Sistema Financiero Nacional (bancos, cooperativas, mutuales, entre otros) hemos venido históricamente reportando la información que el BCCR ha solicitado”, afirmaron.
“El formato definido en el Estándar Electrónico del BCCR para el reporte semanal incluye datos individualizados sobre operaciones activas y pasivas formalizadas durante dicho período”, continuaron.
A ello sumaron que a finales del año pasado en Banco Central pidió reportes adicionales solo a algunas instituciones sobre ahorros y préstamos.
Sin entrar en detalles, afirman que la medida se sustentó en Ley del Sistema de Estadística Nacional; y que accedieron a ella por el señalamiento de que negarse podría configurar una acción legal.
“El requerimiento de dicho regulador se basó expresamente en la Ley del Sistema de Estadística Nacional (“Ley SEN”) y, ante el apercibimiento de la comisión de un delito en caso de no entregarla, nos vimos obligados a compartir la información solicitada en el plazo de los 8 días que se nos otorgó. Dicha información fue entregada en esa única oportunidad”, apuntan.
Diferencias de criterio
Meses después de entregada la información y con un cuestionamiento sobre el manejo de datos, el BAC pone sobre la mesa el tema de las diferencias de criterio sobre la interpretación de las normas.
“Nos preocupa, sin embargo, que existan hoy en día criterios legales divergentes y contrapuestos en relación con el espíritu y la interpretación de las normas vigentes y que no exista un consenso entre las autoridades gubernamentales competentes acerca de la forma en que debería armonizarse la protección de la privacidad de los clientes con la generación de estadísticas, indicadores y tasas de referencia”, sostuvieron.
Según su descargo, por ese mismo escenario apoyaron el proceso ante la Sala Constitucional liderado por la Asociación Bancaria Costarricense para dilucidar los alcances de la Ley de Estadística.
Datos considerados confidenciales
A mediados de agosto trascendió una denuncia del Banco Central contra Rocío Aguilar, cabeza de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En ella se reclamaba la negativa a entregar información sobre los préstamos que maneja en sistema bancario nacional. Luego El Observador dio a conocer que contra el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, también se emprendió un proceso legal similar.
A partir de ahí surgieron los cuestionamientos sobre los datos que tiene el Banco Central, así como el uso que les ha dado y el sustento legal para su acceso.
En una primera comparecencia, el Economista Jefe, Alonso Alfaro, indicó que la información se usaba para diferentes comparaciones.
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El funcionario admitió que ya tenían información individualizada ligada al pago de impuestos, provista por Hacienda, así como otra tomada de otras instituciones públicas; en la que también es identificable cada ciudadano o empresa. Por ejemplo, también habían datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Como parte de sus justificaciones, el Banco Central había aducido que las estadísticas monetarias, crediticias, financieras, externas, de finanzas públicas, ambientales y de cuentas nacionales; entre otras, deben calcularse según variables que permitan caracterizar y agrupar a las personas físicas y jurídicas.
Dudas y espera
En contraposición, diversas voces, la búsqueda de datos del Banco Central ha sido cuestionada desde ámbitos financieros, políticos y técnicos.
Incluso se le ha comparado con la UPAD; la polémica iniciativa de manejo de información surgida en la Administración de Carlos Alvarado.
Desde la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) , por ejemplo, se respaldó a Sugef alegando que se trata de información confidencial que no debe ser compartida; pues no es necesaria para la generación de estadísticas o cifras agregadas.
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El sector privado reunido en la Unión de Cámaras (Uccaep) fustigó también la falta de sustento técnico para la petición de datos.
Desde la Asamblea Legislativa, está aprobada una moción para que la Gerencia y toda la Junta Directiva de Banco Central comparezcan ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para detallar la política de datos.
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Un nuevo elemento surgió la semana pasada y es que tras una reunión del Banco Central con las instituciones financieras. En ese momento se indicó que de previo ya había data que se traslada desde hace años.
“El Banco Central recibe, en forma digital, los datos sobre las cuentas de ahorro y depósitos del público de todas las entidades financieras con una periodicidad semanal desde el año 2016”, señalaron.
