Josué Alvarado
(Santa Teresa, Puntarenas). En una comunidad como Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas, en donde el comercio crece de forma exponencial hace falta vigilancia de las instituciones públicas.
Si bien es cierto la mayoría de comercios cumplen la normativa y contratan personal de acuerdo con lo que establece la legislación vigente también es un hecho que otros operan al margen de la ley con los problemas que esto puede traer.
Las mismas autoridades reconocen lo que está pasando en este poblado, polo de crecimiento turístico.
Santa Teresa es una joya natural que conquista el corazón de nacionales y extranjeros. Durante los últimos años muchos visitantes han optado por quedarse en Santa Teresa. Un sector con mayor poder adquisitivo opta por adquirir terrenos y establecer sus casas permanentes o vacacionales otros, optar por quedarse temporadas cortas, largas y algunas se vuelven permanentes.
Para ello, buscan empleos temporales. Es por eso que en el supermercado, la tienda, el restaurante es posible que lo reciba un extranjero o le ofrezca pipas o empanadas en la playa o darle clases de surf, yoga o paseos por el mar.
Hay dueños de comercios que se aprovechan de esta situación y contratan a los turistas pero sin pagar un salario mínimo, ni vacaciones, ni seguros y tampoco las cargas sociales
Ciertos comercios cierran cuando se enteran de la fiscalización, así la evitan
“Si vos como tico venís a pedir trabajo sos el último en la lista”, comentó Edgardo Jiménez, uno de los residentes de la zona durante un recorrido que hizo el El Observador por la famosa calle central de Santa Teresa, ahora llena de comercios de todo tipo.
Él narró que en algunas ocasiones han detectado que hay comercios que cierran los días que saben que habrá fiscalizaciones de algunas instituciones, pues todo el pueblo se entera ya que envían el funcionario desde largas distancias. Cuando las personas que deben fiscalizar llegan al sitio se topan con un “pueblo fantasma”.
“Hemos pedido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que hagan una fiscalización más fuerte en el distrito (Cóbano, al que pertenece Santa Teresa). Manifiestan que tienen problemas presupuestarios”, comentó el intendente, Favio López.
El intendente dijo que más allá de que se incumplen las regulaciones laborales, estas son personas que utilizan los recursos de la comunidad, pero que con su trabajo no le aportan nada al sistema, lo que también impide captar más recursos económicos.
Según López “usan los recursos del pueblo, del territorio, pero no le aportan nada al sistema”.
“Sabemos que hay leyes que protegen al tico y se le tienen que pagar garantías sociales, seguro social, un buen salario, vacaciones, etcétera. Pero en la costa parece que esa no es la constante. Acá es más fácil contratar un turista que trabaja unos meses, luego se va y viene otro”, señaló Edgardo Jiménez.
El intendente explicó que no son todos los comercios que tienen esta práctica. Algunos contratan a extranjeros (que son un gran porcentaje de la población de Cóbano) bajo las condiciones adecuadas, de tal forma que se consolida como una oportunidad de empleo formal.
Y es que, una de las prácticas comunes, en muchos casos es salir a visar a Nicaragua y volver para estar “en regla”. Con solo una ojeada en los grupos en redes sociales de Santa Teresa se puede ver qué es lo que pasa.
Comentarios en el grupo de Facebook What’s On Santa Teresa
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“Migración está consciente de la situación que se da en Santa Teresa”
El Observador solicitó una entrevista en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) desde el 17 de julio de este año. Sin embargo, el espacio no fue concedido.
A pesar de esto enviaron una respuesta vía correo electrónico en la que reconocen la problemática expuesta.
“LA DGME por medio de la Policía Profesional de Migración está consciente de la situación que se da en Santa Teresa de Cóbano”, indicaron.
Añadieron que debido a esto tienen planificada una gira en agosto, que es solo el inicio de la “ejecución de una estrategia de acciones preventivas en el área”.
“Durante este año se han atendido denuncias en la zona”, informó la dirección a este medio, sin embargo no se tuvo la oportunidad de profundizar sobre los recursos disponibles y las burlas a su gestión, que la comunidad denuncia.
Turista disfruta ver el atardecer en la playa de Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. Julio 2023 (Foto El Observador)
La Zona Marítimo Terrestre
Otro de los problemas que reconocen los mismos lugareños es la operación de comercios en la zona marítimo terrestre sin tener concesión y por ende, tampoco permisos de operación y venta de licores.
En el 2020 la Sala Constitucional advirtió al Concejo Municipal de Cóbano y al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) sobre su responsabilidad de velar por denuncias de operación de negocios en la zona marítimo terrestre sin permisos.
En la sentencia número 2020008453, del órgano constitucional, se indica que desde setiembre de 2014 se había denunciado ante el Concejo Municipal de Cóbano las presuntas construcciones del local Itauna dentro del área protegida de Playa Carmen. De acuerdo con la denuncia a este punto llegaban tortugas marinas pero dado que se convirtió en un punto de fiestas los animales dejaron de arribar.
“En este contexto, años después, el 7 de marzo de 2019, personeros del concejo municipal, en una inspección in situ, corroboraron construcciones de Lutano S.A. ubicadas en la zona pública de la playa (oficio I-ZMT-025-2019), lo cual fue ratificado en abril de 2019 (oficio I-ZMT-041-2019 del 30 de abril de 2019).
“Con ocasión de lo anterior, el 7 de mayo de 2019 se le notificó al representante de la sociedad anónima una advertencia administrativa por “usurpación de la zona pública de la zona marítimo terrestre”. Posteriormente, según oficio I-ZMT-074-2019, en una inspección in situ efectuada el 12 de setiembre de 2019, personeros municipales corroboraron la persistencia de construcciones en la zona pública de la zona marítimo terrestre. En consecuencia, el 19 de setiembre de 2019 demolieron tales estructuras”, dice la sentencia que atiende una denuncia por la presunta contaminación provocada por este local.
Dice el documento que incluso la Municipalidad licitó contratar los servicios de un órgano administrativo.
También dice que el ICT verificó “la existencia de una actividad irregular que se desarrolla en un terreno dentro de la zona marítimo terrestre (…) no cuenta con una concesión formalmente avalada por la Institución”.
Un equipo de El Observador visitó Santa Teresa en julio 2023 y estuvo en Playa Carmen donde constató que la empresa en cuestión sigue operando.
Una de las temas que se abordó en esta sentencia es que aunque se denunció un tema de contaminación sónica, el Ministerio de Salud no se presentó a hacer las mediciones respectivas.
Este medio solicitó una entrevista al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de los periodistas institucionales, sin embargo los espacios no fueron concedidos al cierre de esta nota.
