Krissia Morris Gray
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa increparon a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre la pérdida de un laudo arbitral con la empresa Acciona, a la cual se deberá pagar más de $6,7 millones.
La comisión recibió al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Tomás Martínez, así como la junta directiva de la entidad.
Yorleni León, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) preguntó sobre el laudo arbitral a Yolanda Acuña, directora del AyA, pero esta última respondió que cuando lo conocieron “ya era una cosa juzgada”.
La legisladora hizo énfasis a lo expresado semanas atrás, por el hoy exgerente general del AyA, Manuel Salas, quien rechazó que se perdiera el arbitraje.
En este sentido, la directora del AyA determinó que se les informó del tema cuando el laudo se perdió.
“No se nos informó del conflicto. No fue un tema agendado ni visto por nosotros”, aseveró Acuña, quien añadió que “no nos informaron, sino posterior cuando se pierde el laudo”.
Acuña reseñó que las anteriores autoridades gerenciales no comunicaron sobre la existencia de ese proceso, por lo que la junta directiva no se dio por enterada.
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No hay comunicación
Ante esta situación, el diputado Fernando Chacón dijo que se reconfirma que dentro del AyA no hay comunicación entre los diferentes niveles y autoridades.
El objetivo de la comparecencia era para que las autoridades de la entidad se manifiestaran sobre el laudo perdido contra la empresa española Acciona Agua en que deberá la entidad pagar más de $6.701.730.
A Acciona Agua se le adjudicó el proyecto de “Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”, cuya oferta fue de $19,7 millones.
Pero ante una serie de atrasos incurridos por la empresa, el 31 de agosto del 2018, la obra fue suspendida.
En su exposición, Martínez reseñó que el proceso arbitral no se dio durante su presidencia ejecutiva, pero adujo que el arbitraje es una medida legal permitida, a la cual se acogió el AyA.
Procesos abiertos
El legislador Otto Roberto Vargas, presidente de la Comisión de Gasto e Ingreso Público manifestó que esos $6,7 millones serán pagados por los costarricenses por lo que pidió cuentas de las acciones tomadas en el tema.
“En el caso de Acciona, la junta directiva hizo lo que tenía que hacer. (…)”, apuntó Martínez.
El presidente ejecutivo del AyA, Tomás Martínez y la junta directiva de la entidad, comparecieron ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público (Cortesía: Asamblea Legislativa)
El funcionario no entró a detallar los procesos administrativos abiertos ni si los trabajadores se encuentran o no suspendidos mientras que la auditoría hace la indagatoria correspondiente.
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El diputado Vargas reseñó que hay una inoperancia en el AyA en el caso de los sobrecobros que todavía persisten en la entidad en contra de los consumidores.
Comentó que él se vio afectado también por dos lotes que no están en uso y que se le cobró de más. Pese a las acciones implementadas, el costo de los recibos siguió siendo alto.
Sobre el particular, el jerarca de AyA respondió que se efectuaron las inspecciones correspondientes y se constató que estaban en la categoría comercial y que se habían detectado fugas, las cuales le fueron comunicadas.
Planos inconclusos
Fernando Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) determinó que en diferentes niveles del AyA, se tiran la pelota sobre el tema Acciona, lo que denota una problemática a lo interno.
Por ello preguntó si la junta directiva estaba enterada de que el AyA sacó a licitación un proyecto con planos cuyo diseño de las obras estaba inconcluso.
“¿Estaban enterados del desmadre en este tipo de obra?, ¿Estaban enterados de todo el desorden en este tipo de obras?”, le preguntó a la junta directiva.
Sobre el tema, Roxanna Salazar, directora del AyA que estuvo al momento de la adjudicación de la obra, dijo que se les presentó las propuestas de las ofertas presentadas y cuál fue la mejor opción.
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Detalló que ninguno de los demás oferentes se manifestó en contra del punto al referido por el legislador.
Krissia Morris Gray
