Allan Arroyo
El Ministerio Público mantiene en curso la investigación por el financiamiento de la campaña electoral 2022 del partido Progreso Social Democrático (PSD), que llevó al presidente, Rodrigo Chaves, al poder.
Las pesquisas están todavía lejos de terminar. “No estamos, diría yo, cerca de todavía formular un requerimiento conclusivo en este caso”, aseguró el fiscal general, Carlo Díaz.
Así lo dijo el jueves, al terminar la diligencia para el decomiso de computadoras y documentos en la oficina de la sociedad ATA Trust Company, ubicada en un bufete de abogados en Los Yoses. En ese contexto, informó que son varias las personas investigadas por una presunta estructura paralela.
Ante consulta de El Observador, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que son 10 las personas en dos expedientes por presunto delito de “Financiamiento ilegal de partidos políticos”.
“Las pesquisas se centran en posibles delitos relacionados con el financiamiento ilegal de partidos políticos, según lo establecido en el artículo 273 del Código Electoral. Se investiga la presunta existencia de una estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD”, informó la fiscalía en un comunicado oficial.
Se trató de un fideicomiso denominado “Costa Rica Próspera”, que según defiende el partido de Gobierno, se cerró antes de comenzar oficialmente la contienda electoral.
Dos expedientes, misma razón
Desde la Fiscalía General se conduce la investigación contra cuatro miembros de los Supremos Poderes.
Se trata del expediente número 22-000116-1218-PE. Por esta causa, los magistrados de la Sala Tercera autorizaron la diligencia de esta semana, dirigida en el sitio por el fiscal general, Carlo Díaz.
Los investigados en este expediente son:
- Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República y entonces candidato
- Arnoldo André Tinoco, actual Canciller
- Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del partido y actual diputada
- Waldo Agüero Sanabria, actual diputado.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que en la causa que se tramita bajo el expediente 22-000210-0276-PE figuran otras seis personas como investigadas, quienes no son parte de los Supremos Poderes, por lo que se sigue el proceso ordinario.
“Se trata de expedientes independientes, aunque ambas investigaciones se relacionan con los mismos hechos, su trámite corresponde, respectivamente, a cada fiscalía mencionada”, aclaró el departamento de prensa de la fiscalía.
Las causas “se encuentra en investigación, dentro de la etapa preparatoria, por lo cual, en apego a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles, puesto que la fase actual del caso es privada”, agregaron.
Bajo investigación
La fiscalía reveló los nombres de los investigados; algunos ya comparecieron ante la comisión investigadora del financiamiento de partidos políticos en la Asamblea Legislativa que también tiene un proceso político abierto para indagar las finanzas de PSD.
Las personas incluidas en este segundo expediente son:
Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero, también investigado. Era la asistente de Rodrigo Chaves como candidato en campaña y habría manejado desde su cuenta fondos en una presunta estructura paralela.
Esta pendiente su comparecencia ante los diputados por encontrarse fuera del país.
Calixto Chaves Zamora: director de la campaña de Rodrigo Chaves. Pendiente de ser llamado a la Asamblea Legislativa para comparecer.
Jack Loeb (derecha) en comparecencia el 15 de agosto en Asamblea Legislativa con su abogado, Rodrigo Araya. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Jack Loeb Casanova: Creador del Fideicomiso y financista. Empresario de turismo y del comercio de banano, también director del Banco Prival, informó el pasado 15 de agosto, en comparencia ante la comisión legislativa.
En ese marco, se abstuvo de declarar sobre el financiamiento de PSD por la causa abierta en la Fiscalía. “No he cometido ningún delito, ninguna irregularidad, nunca he actuado fuera del marco de la ley; soy y seguiré siendo un ciudadano honrado y decente”, manifestó.
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Erick Quesada, financista de campaña de Rodrigo Chaves, en comparecencia ante los diputados. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Erick Quesada Gutiérrez: financista de la campaña al aportar cerca de ¢100 millones de colones en bonos. El empresario compró alrededor de 169 bonos de deuda política de ¢1 millón, con un 40% de descuento. Eso le permitió, a raíz de los resultados electorales, ganarse poco más de ¢67 millones.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió que demostrara la solvencia económica que justificaba el aporte. El 31 de julio ante los diputados, Quesada defendió que los fondos provienen de sus negocios familiares en Alajuela como constructor y de la herencia de su padre, además de ser pensionado de Estados Unidos.
Reconoció que no ha recibido el pago de los fondos obtenidos por la inversión en campaña.
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Abogado, Adrián Torrealba, compareció ante diputados por aporte a fideicomiso Costa Rica Próspera. (Archivo)
Adrián Torrealba Navas: el abogado y directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoció ante los diputados, el 20 de marzo, haber hecho una contribución de $15.000, a título personal, para el fideicomiso Costa Rica Próspera, y rechazó haber formado parte de la administración de esa figura.
“Mi participación se ubica en ese contexto. Estamos hablando de fechas que van de enero a marzo de 2021, es decir, cuando no había ningún partido político, don Rodrigo Chaves no era candidato, no había campaña, y además tenía este oficio”, agregó en la comparencia.
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Carlos Vásquez Landergreen: Fue el director del fideicomiso. El 27 de marzo pasado, en la comisión legislativa, afirmó que el grupo surgió con la intención de formar una coalición política y dijo desconocer si los fondos se utilizaron para financiar la campaña de Chaves.
En la comparecencia, ofreció una disculpa pública por ofensas en redes sociales contra algunos diputados de Liberación Nacional.
Informe del TSE
El 8 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Elecciones envió a la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción un informe parcial, solicitado en enero de ese año, con los avances en la investigación del financiamiento del partido Progreso Social Democrático en la campaña política.
Ese informe detalla que la agrupación usó dos estructuras paralelas; una el fideicomiso “Costa Rica Próspera” para financiar la candidatura del hoy presidente Rodrigo Chaves y también otra para la candidatura del diputado Waldo Agüero.
“Como parte de este esquema oscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021”, dice el informe.
Esos dineros se depositaron “en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S. A”.
En el informe, con el número IDI-DFPP-001-2022, se detalla la participación de 20 personas, entre ellas el mandatario, el Canciller Arnoldo André, sí como el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien era el tesorero del partido.
A la vez, adujo el TSE que la cúpula del partido Progreso Social Democrático “en especial la señora Luz Mary Loaiza Alpizar habría conocido y participado en este esquema financiero”, al procurar -en apariencia- reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con dineros del fideicomiso.
El Código Electoral evidencia como delito el uso de estructuras paralelas para financiar las campañas.
Según los artículos 273, párrafo primero; 274, incisos d y e; 275, párrafo primero e incisos a, b y c; y 276, inciso d, del Código Electoral, los delitos se sancionan con penas de hasta seis años de cárcel.
