Paula Ruiz
El Gobierno no tiene una opción “B” en caso de que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público sea declarado inconstitucional por la Sala IV.
Actualmente, la iniciativa es analizada por los magistrados quienes acumularon tres consultas facultativas realizadas por igual número de grupos de diputados.
Adicionalmente, la Corte Plena resolvió plantear una consulta de constitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público ante este mismo ente.
Elián Villegas, ministro de Hacienda reconoció que no tienen dentro de sus planes un escenario “catastrófico” de esa índole.
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La única opción que tienen es que los magistrados señalen enmiendas que puedan ser resueltas a través de la Comisión Legislativa de Consultas de Constitucionalidad para luego volver a Plenario.
“Ustedes han visto el trabajo tan intenso que hay llevado la ley de empleo público desde comisión y plenario, no es algo que uno pueda sustituir fácilmente no es algo donde uno pueda decir ´de aquí saco este otro proyectito´ porque es mucho más complicado de eso”, afirmó Villegas.
El jerarca apostó porque la Sala va a respaldar el esfuerzo realizado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa desde la Comisión de Gobierno y Administración donde tuvo su primer análisis y hasta el Plenario.
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“No se está contemplando ese plano tan catastrófico, lo que estamos apostándole es que se ha venido subsanando aquellos aspectos señalados que podrían ocasionar un problema constitucional”, indicó el ministro.
Algunos escenarios sobre esta consulta son:
- Que los magistrados indiquen que todo está bien
- O bien, informen de la necesidad de realizarle enmiendas
- Que los magistrados indiquen roces de inconstitucionalidad
En noviembre anterior los diputados de oposición Roberto Thompson y Pedro Muñoz, indicaron que presentarían un proyecto de ley de Empleo Público.
Aunque no lo hicieron, Villegas tampoco contempla que ese texto pueda ser utilizado en caso de inconstitucionalidad del expediente 21.336.
El ministro Elian Villegas (izquierda) manifestó que solo presupuestan correcciones a Empleo Público. Foto: Asamblea Legislativa.
Carta principal
El plan de Empleo Público es fundamental para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con ese órgano se busca un préstamo por $1.750 millones con desembolsos cada seis meses por un plazo de tres años.
El ahorro por intereses se estima en ¢42.000 millones durante los 10 años del pago, según datos del Ministerio de Hacienda.
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En contraparte, ese préstamo exige un ajuste fiscal al país mediante ingresos y contención del gasto y con Empleo Público presupuestan un 0.70% del Producto Interno Bruto (PIB) en ahorro.
Un documento solicitado por El Observador tanto a los Ministerios de Planificación y Hacienda, señala que el proyecto de Empleo Público debía estar aprobado a más tardar en mayo.
Esta tabla se expone en el documento. La imagen es una captura de dicho texto.
Villegas especificó que el país no solicitó prórroga para este expediente y por tanto será hasta octubre cuando la misión del FMI revise el cronograma para determinar cómo seguir adelante.
Esto lleva como eje transversal que dentro de lo negociado con el Fondo se tenía previsto que este y otros proyectos comenzaran a dar rendimientos a partir del segundo semestre del 2021.
El proyecto de Empleo Público se aprobó en primer debate con 32 votos a favor y 15 en contra.
Ahora, los magistrados tienen hasta el 2 de agosto para resolver la consulta facultativa y dar respuesta a la Asamblea Legislativa.
Con todo
Desde la Asamblea Legislativa, la bancada oficialista tampoco contempla un texto alterno en caso de una inconstitucionalidad.
Laura Guido, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) justificó que el proyecto se elaboró mediante un proceso amplio de consulta que permitió mejoras al texto.
“Confiamos en el resultado de este trabajo y en la continuidad del proceso hacia una aprobación definitiva, tras la resolución que emita la Sala Constitucional”, dijo.
Por su parte, el diputado independiente, Erick Rodríguez, tampoco visualiza que la oposición presente una iniciativa de esta índole debido a la campaña electoral.
“No veo a la oposición haciendo esto y no la veo en agosto (cuando inicien sesiones ordinarias) tampoco porque no va a haber gente que quiera comprarse conflicto con el sector público en vísperas de elecciones”, afirmó el legislador.
Su propuesta está en que se acate la Constitución Política donde se establece un solo régimen para el sector público, según dijo.
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“Esta Ley (Empleo Público) existe porque ocupamos un requisito para irle a pedir plata al Fondo, el Gobierno no tiene plan “B” y no lo va a haber, quedan 10 meses de gobierno y no veo que exista otra opción”, declaró Rodríguez.
Por lo pronto, el Gobierno está a la espera del primer desembolso de este crédito que ronda los $290 millones.
Eso podría girarse en este mismo mes de julio después de que el Congreso apruebe en segundo debate el convenio de préstamo.
La Asamblea Legislativa tiene previsto ese trámite el próximo 12 de julio.
“Es importante (aprobar el convenio en segundo debate) para que mercado nacional e internacional vea que el país va consolidando los pasos de este proceso de ajuste fiscal con el Fondo”, concluyó el ministro de Hacienda.
El Fondo está enterado de los atrasos en Empleo Público según el ministro de Hacienda. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP)
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