Tomás Gómez
Hubo una época donde un solo homicidio bastaba para que hasta un Premio Nobel le dedicara un libro completo. Luego hay años, como el 2023, cuando las páginas se quedaron cortas para contar todas las muertes violentas que ocurrieron en Costa Rica.
Sacando un promedio, cada 9 horas un homicidio pasó a engrosar la estadística, que superó la barrera de los 900 en esta última semana del año, tal y como lo proyectaron las autoridades judiciales.
En ese panorama violento, hubo días malos y otros peores.
En una escuela de Paraíso de Cartago, las balas con que acribillaron a un hombre llegaron hasta las paredes del centro educativo. En el Hospital de Limón, varios hombres mataron a un enemigo que ya había sido herido días antes.
A ellos se unió el caso de un homicidio en Santo Domingo de Heredia, donde las balas llegaron mientras la comunidad disfrutaba un partido; o el día que se perdió la vida de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Tirrases de Curridabat.
A esta lista, se suma otro asesinato a fuera del Hospital México, cuando la víctima salía de una cita médica y la bala perdida que provocó la muerte del niño de 8 años, Samuel Arroyo, mientras dormía en su casa en Zapote.
También estuvo el día en que se rompió el récord histórico de muertes y una diputada bromeó con el dato. “’Lindo número para la lotería’”, llegó a escribir en el chat de la Asamblea Legislativa.
Lazos negros y sábanas blancas
Más allá de los números, cada homicidio representa una vida apagada.
La mayoría de homicidios se cometieron contra hombres en un rango de edades entre los 18 y 29 años.
También creció el número de mujeres asesinadas y hubo otro dato preocupante: entre las víctimas del año hay al menos 6 niños menores de 12 años y más de 30 adolescentes entre los 12 y los 18 años.
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Otro dato que se incrementó fue el de las víctimas colaterales.
Si bien las venganzas, los enfrentamientos entre bandas y el sicariato son clave para entender los registros, no dejan de darse muertes inocentes.
Hasta inicios de diciembre, 44 de los homicidios entraban en esa categoría. El dato es escandalizante al compararlo con las 7 víctimas del 2021 y las 18 del 2022.
No son números de lotería
Los pronósticos de homicidios se hacen al promediar los últimos meses de cada año con el primer trimestre del siguiente, y según la situación, pueden irse ajustando.
Para el 2023, la primera expectativa eran 800. Para junio se escaló a entre 850 y 900, dato que en setiembre se elevó una vez para terminar con una posibilidad de 931.
Ir contando a los muertos por centenares ya venía siendo una situación preocupante y, aún así, bastó menos de una década para duplicarlo.
Para 2012 la marca era de 400. Se pasó a 500 en 2015 y de los 600 en 2017. Los años de pandemia calmaron un poco las aguas, hasta los últimos 12 meses que fueron fatídicos.
De sobrepasar el umbral de 656 en 2022, la cifra de homicidios en Costa Rica se disparó a más de 900 en 2023. Porcentualmente, el aumento es del 37,7%.
No solo cuántos, sino cómo
Otro factor que ha caracterizado al tsunami de homicidios ha sido la violencia con que se han acometido.
Ya no se informa solo de un balazo, sino de decenas de disparos. En el caso de Paraíso, por ejemplo, el arsenal usado fueron armas AK-47 y en las balas se había escrito el nombre de la víctima para la cual iban dirigidas.
En otros lugares aparecen cabezas, cuerpos calcinados y víctimas torturadas.
Entre los expertos ahora el debate está entre si ya se llegó a una “mexicanización” de la violencia o un fuerte aprendizaje, vía internet, de formatos provenientes de países como Jamaica.
En todo caso, los mensajes se enfocan en cómo bandas rivales le advierten a su enemigo hasta dónde pueden llegar (aunque de paso toda la población herede el miedo).
Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
El número de asesinatos se convirtió en el principal síntoma de que tan mal estaba el paciente (el país), pero también reveló otras enfermedades que le afectan (desde tráfico de drogas hasta los préstamos gota a gota).
En vez de médicos, la solución descansa en manos de política que han tenido que ir ajustando el tratamiento.
Para abril, el Gobierno lanzó una operación llamada “Costa Rica Segura”, que en pocas horas tuvo la calle llena de policías, pero que protestaban contra el impacto que el plan tendría en sus jornadas laborales.
El componente se abortó y, en pocas semanas, el hasta entonces Ministro de Seguridad, Jorge Torres, pasó a engrosar la lista de salidas del Poder Ejecutivo.
Como suplente se nombró a Mario Zamora, que ya había ocupado la silla cuando Laura Chinchilla y Liberación Nacional gobernaban. Bajo su mando se presentó la iniciativa “Costa Rica Segura Plus”, con énfasis en combatir el sicariato.
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El debate, sin embargo, sigue dirigiéndose a las leyes.
Por un lado, está él cómo las aplica el Poder Judicial y, por otro, los ajustes que podrían hacer los diputados.
Los pocos puentes que quedaban en esa línea detonaron en noviembre cuando el Ejecutivo presentaba la Estrategia Nacional de Seguridad. En ese momento el presidente Rodrigo Chaves dejó la bola del lado de los diputados, retirando de la agenda, incluso, los propios proyectos con que la administración insiste en que atendería la inseguridad (pese a los cuestionamientos de constitucionalidad y viabilidad que se le han señalado a los textos).
Qué pasará en 2024 aún sigue por definirse, mientras una comisión se pone de acuerdo en qué proyectos se impulsarán y el OIJ calcula las proyecciones de cuántas muertes anunciadas podría traer el año venidero.
