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El asesor legal de la Presidencia de la República, Luis Salazar, renunció a su puesto, en medio de la crisis que gira alrededor de un decreto en cuya redacción él participó, y con el cual se creó – oficialmente – la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La dimisión la dio a conocer la tarde de este viernes la oficina de prensa de Casa Presidencial. Hoy la Fiscalía General reveló que Salazar figura como imputado en una causa penal, junto al mandatario Carlos Alvarado así como otros seis funcionarios, por los delitos de violación de datos personales, prevaricato y abuso de autoridad.

“Mi conciencia me dicta que lo correcto es dar hoy un paso al lado, teniendo la plena convicción de que mi trabajo fue asumido con la mayor vocación de servicio a mi país y habiendo entregado lo mejor de mí”, indica la misiva.

En el escrito, Salazar pide al gobernante su venia para mantenerse ad honorem en sus funciones como comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGTBIQ+ (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersex, Queer).

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Salazar hizo la solicitud con el fin de culminar “los procesos necesarios para la adecuada implementación del matrimonio civil igualitario” (el 26 de mayo de 2020).

El presidente avaló la solicitud del jurista.

Desde las 8:00 a.m. de este viernes, la fiscala general Emilia Navas dirige 10 operativos que llegan a la sede del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y cuatro casas de habitación.

Además de Salazar y Alvarado, en la causa figuran el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el viceministro de Planificación, Daniel Soto, la jefa de despacho del mandatario, Felly Salas, así como los asesores de datos Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.

Salazar redactó el decreto junto a Fernández.

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