Krissia Morris Gray
Por presuntas irregularidades en la gestión de recursos otorgados, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) reclama a una organización no gubernamental (ONG) la devolución de más de ¢386 millones que le pagó en el primer semestre del 2020.
Los fondos se entregaron a la Asociación Centro de Prácticas Restaurativas Surgir para la atención de menores edad enfermos con covid-19 o sospechosos de haber contraído el virus.
Sin embargo, en una fiscalización hecha por el departamento Financiero Contable de la entidad se detectó, entre otras cosas, pagos a una empresa que tenía vínculo directo con el presidente de la asociación -se trata de la esposa-. Esto contraviene las disposiciones del PANI.
Ante ello, se suspendió el giro de más recursos y se presentó una denuncia penal contra la Asociación.
Adicionalmente, se inició la gestión de cobro del monto entregado en el primer semestre del 2020. Por el momento, los representantes de la fundación no aparecen.
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Tres programas, mismos problemas
El PANI manejaba convenios de cooperación y transferencia con la Asociación Centro de Prácticas Restaurativas Surgir. Esta llevaba a cabo tres programas para la atención de la población menor de edad.
Los programas que ejecutada dicha ONG para el PANI eran:
- Programa Especializado de Protección Residencial Temporal para la Atención en Aislamiento y Recuperación por covid-19 para niños, niñas y adolescentes (Co-vida)
- Centro de Atención Diurna Surgir, modalidad no residencial
- Residencia Surgir, modalidad residencial
La investigación determinó que la Asociación incurrió en 22 incumplimientos en perjuicio del PANI.
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Entre los más relevantes, la asociación no aportó comprobantes o facturas originales, facturas que no se encontraban a nombre de la ONG, deducaciones no autorizadas y diferencias de pagos en relación con los comprobantes salariales del Ministerio de Trabajo y las planillas reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social, correspondientes a las cargas sociales.
También se presentaron pagos de liquidaciones laborales (indemnizaciones por finalización de contrato), con rubros no permitidos y documentación correspondientes a la prestación de un servicio el cual no corresponde a la actividad comercial para la cual estaba inscrito el proveedor contratado ante la Dirección de Tributación Directa.
La asociación, además, realizó contrataciones de servicios profesionales con una sociedad cuya representante legal (Montero Hernández) es esposa del señor Flores Barrantes, anterior presidente de la Asociación.
En este caso, el PANI fue enfático que su reglamento de transferencias prohíbe expresamente que los proveedores de los programas que se rigen por convenios, tengan relación de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado.
“Esto se hace precisamente para evitar la existencia de esquemas administrativos como el que la citada organización desarrolló”, señalo la institución por medio de su oficina de prensa.
Por todas estas situaciones, el PANI decidió disolver, por incumplimiento, el contrato suscrito con la ONG en julio del 2020 en los tres programas. Además, se ordenó reubicar a los menores en otras iniciativas.
Desglose de fondos a devolver
De acuerdo con el procedimiento administrativo, la ONG es civilmente responsable por la suma de ¢386.035.876,16.
Los dineros que deberá reintegrar al PANI se desglosan de la siguiente manera:
- ¢199.795.953 del programa Covida residencial
- ¢162.220.833 correspondiente al programa Residencia Surgir, modalidad residencial
- ¢21.829.031 por el programa Centro de Atención Diurna (CAD) Surgir, modalidad no residencia
- ¢2.190.057 por concepto de gastos de instalación
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Peligró desarrollo integral
Según el órgano que realizó la investigación, los incumplimientos en los que habría incurrido la asociación pusieron en peligro el desarrollo integral de los beneficiarios.
Esto violentaría el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual garantiza el respeto de los derechos de los menores en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.
Se dispuso a la ONG a proceder al depósito inmediato de los recursos en cuentas bancarias del PANI. Además, se dispuso poner a disposición del PANI los activos comprados con los dineros transferidos.
“En vista que la Asociación Centro de Prácticas Restaurativas Surgir, actualmente no mantiene domicilio conocido y al no apersonarse al proceso no consta medio para recibir notificaciones, notifíquese la presente resolución a las partes mediante publicación de edicto en el Diario Oficial La Gaceta”, se desprende de la notificación efectuada en la Gaceta.
El Observador intentó localizar a los representantes de la ONG para conocer la versión de sus representantes. Sin embargo, el número telefónico asignado en su sede de Desamparados no corresponde actualmente a ningún abonado.
Mientras, el indicado para la sede en Moravia, se trataba del número de una casa de habitación.
Advertencias de Contraloría
En setiembre anterior, la Contraloría General de la República determinó que el PANI tiene debilidades importantes en los mecanismos de control de las transferencias económicas que realiza a las ONG.
Entre el 2015 y el 2020, el PANI transfirió ¢31.282,7 millones de su presupuesto a distintas organizaciones.
La institución tiene un uso deficiente de los recursos. Por ejemplo, se contrató un modelo de costos aún sin implementar; además, las organizaciones privadas operan con costos desactualizados, en detrimento del servicio que brindan.
Krissia Morris Gray
