Tomás Gómez
Las historias de quienes han caído en un préstamo “gota a gota”, muchas veces, están marcadas por el temor: incertidumbre de cómo pagar, temor a represalias o pánico de que los cobradores le hagan daño a la familia.
Este tipo de financiamientos generan riesgos financieros y, también, para la integridad física de quienes los deben.
No obstante, los expertos y las autoridades destacan, además, el factor psicológico, clave dentro del fenómeno.
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La problemática ha cobrado relevancia luego de que varios países hayan puesto la lupa sobre los grupos organizados del “gota a gota”. En Costa Rica, la preocupación crece, pues iniciativas, como la llamada “Ley de Usura”, lanzaron a miles de personas a este mercado paralelo al quedar excluidas del sistema bancario formal.
Una foto de la familia como garantía
El elemento mental de los préstamos “gota a gota” inicia desde su logística, que entrega los dineros en la casa de quienes los solicitan.
“El momento en que llegan a su casa ya saben donde vive usted, entonces ahí ya empieza el juego.”, explica el criminólogo, Gerardo Castaing.
“Algunas veces se habla, no se si un poco en sarcasmo, de que en lugar de pedirle una firma de una deuda, le piden la foto de los hijos o de los nietos a la persona para que sepa lo que les va a pasar si no cumplen”, suma el analista de seguridad, Álvaro Ramos.
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Ambos expertos coinciden en que otro elemento que marca la violencia psicológica de los “gota a gota” es que la estructura complica el poder cancelar los préstamos. En otros casos, además, los cobradores siguen exigiendo dinero aunque el monto pactado ya esté cubierto.
“La gente parece no terminar de pagar. Usted intenta pagar el préstamo básicamente no lo dejan, porque el negocio de ellos es el día a día, el gota a gota; para sacarle a usted hasta la última gota de sangre en intereses complemente inaceptables”, suma Ramos.
Los que ejecutan y los que amenazan
Semanas después de asumir el cargo, el Ministro de Seguridad, Mario Zamora, expuso ante los diputados cómo los “gota a gota” eran parte clave del aumento de la criminalidad en el país.
En entrevista con El Observador, el jerarca amplió el análisis de como se vinculan estas cobranzas con las estadísticas de inseguridad.
“Cuando empezamos a estudiar el fenómeno del sicariato empezamos a observar que algunas de las víctimas son ejecutadas por el no pago de este tipo de préstamo”, señaló.
Zamora fustigó, por un lado, el hecho de que la exclusión financiera esté exponiendo a miles de personas a este tipo de situaciones. Por otro, explicó la diversificación de amenazas que presentan estas estructuras.
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“Empezamos a ver la actividad sicarial relacionada con el cobro y extorsión; en donde también sicarios que no matan, pero amenazan de muerte a personas, ejercen este patrón conductual criminal”, estableció.
En la Asamblea Legislativa, el jerarca había confirmado el esquema de seguir cobrando montos más allá de las deudas. A su criterio esto genera una “esclavitud patrimonial”.
Cuando el miedo enferma
El escenario de la violencia psicológica abre las interrogantes sobre cuán poderosa puede llegar a ser.
De acuerdo a los expertos, sus efectos pueden ser nefastos, sobre todo, por las características que abarcan en los préstamos “gota a gota”.
Adrián Obando, del Colegio de Psicólogos, explica que el miedo es una reacción natural bajo condiciones de amenaza; pero que sus efectos se van agravando cuando su aplicación es constante, como ocurre con estas cobranzas violentas.
“Puede afectar la calidad de vida de la persona y además, al ser un tema persistente, puede generar otra serie de problemas mayores cómo sintomatología del estrés, aparición de trastornos de ansiedad, pérdida de la calidad de vida, disfunciones familiares”, expuso.
“Cuando ese miedo se produce de forma continua empieza a generar un desgaste que hace que la persona pierda o funcionamiento, que ya no funcione de una forma normal, o que pierda calidad de vida, o que aparezcan otras sintomatologías, trastornos de ansiedad, estrés, algunos casos pueden ser inclusive síntomas depresivos”, amplió.
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Abordar un paciente con este diagnóstico no es sencillo. En algunos casos pueden requerirse primeros auxilios psicológicos de contención. En otros, conforme se vaya agravando, el protocolo requiere de más sesiones para aminorar y restaurar la afectación de la personas. Esto sumado a la necesidad de que profesionales en más áreas brinden su asistencia.
“Al ser un tema de deudas y demás, posiblemente se requiera un abordaje con un asesor financiero, con un profesional en psicología; hay que ver también si esto influye en temas de salud física”, concluyó Obando.
Las denuncias de las amenazas de un “gota a gota”
El combate integral a los préstamos “gota a gota” y su violencia tienen una dificultad: en Costa Rica esta figura no es delito.
Varios proyectos de ley caminan en la Asamblea Legislativa para combatir este tipo de delincuencia y enmendar los efectos negativos que trajo la “Ley de Usura”, promovida en el Congreso anterior principalmente, por los exdiputados Welmer Ramos (PAC) y David Gourzong (PLN).
Mientras tanto, la persecución se le brinda por otras conductas asociadas a las que recurren sus ejecutores, tales como amenazas o lesiones.
Otro caso es la extorsión. De acuerdo con las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 1 de cada 3 denuncias de este tema muestra razgos asociados a estos esquemas.
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“En la narración se puede determinar que los hechos corresponden a una extorsión proveniente de un préstamo ‘gota a gota’”, expuso el OIJ.
En el primer semestre del 2023, el total de extorsiones denunciadas fue de 874. De estas, 320 ingresaron a la categoría de los préstamos informales (lo que representa un 37%). De estos destaca que solo Guanacaste no tiene denuncias en esa línea.
Podría ser peor
Pese a la seriedad de la estadística, otras áreas expertas muestran sus reservas sobre que los casos podrían ser más.
El criminólogo Castaing recalca que en la línea de la violencia psicológica también va el temor a denunciar y que la información llegue a los victimarios.
Desde la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Ascomi) mencionan que las autoridades tienen los recursos limitados y el problema puede ser aún más grande.
“El porcentaje de reporte de estas amenazas y agresiones en instancias judiciales son mínimos ante el temor a represalias. Estamos verdaderamente ante una situación catastrófica para las poblaciones más vulnerables”, sostuvo la vicepresidenta de este grupo, Mónica Navarro.
La asociación sostiene que el abordaje de la problemática debe ser integral. Esto implica la persecución de la violencia, pero también, el mejoramiento en condiciones de financiamiento, pues las personas siguen necesitando recursos para atender sus necesidades.
“Es claro que estamos ante una fuerte crecida de la oferta de préstamos “gota a gota” a raíz de la exclusión provocada por la Ley de Usura. Los miles de costarricenses que antes acudían a las empresas prestatarias de microcréditos ahora no tienen esa opción y solo les queda ir a donde estos prestamistas informales”, concluyó Navarro.
