Krissia Morris Gray
Representantes de los sectores de tecnología y de comercio rechazaron las pretensiones del Consejo de Transporte Público (CTP) de bloquear las plataformas tecnológicas de transporte como Uber, inDriver y Didi.
Estas intenciones carecen de fundamento técnico jurídico, sostuvo Edwin Estrada, miembro de la junta directiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
Estrada, quien fue vicemnistro de Telecomunicaciones en la presente administración -renunció en julio del año pasado-, añadió que la regulación costarricense no aplica a contenido de aplicaciones.
El viernes anterior, el CTP anunció que solicitará a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) instruir a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que bloquee las aplicaciones Uber, DiDi e In Driver, por considerar que da un servicio de transporte ilegal.
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Le pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) entablar una demanda ordinaria contra las tres plataformas.
“La solicitud carece de fundamento jurídico por varios motivos. Primero porque a regulación en Costa Rica es una regulación de redes (infraestructura) y no de contenido.
“Costa Rica ha impulsado el libre tránsito de contenido por las redes. Hay que recordar que la Sutel es un órgano de desconcentración máxima de la Aresep, en materia de telecomunicaciones, por lo que tiene independencia en la materia. Esto quiere decir que la Aresep no se le puede dar ni órdenes ni directrices en materia de telecomunicaciones”, afirmó Estrada.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica calificó el anuncio del CTP como “un balde de agua fría en un país urgido de reactivación económica”.
Consideró que no es oportuna esta situación en momentos en que el desempleo está en sus niveles más altos en décadas.
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“La industria de plataformas ha fungido como un medio con pocas barreras de entrada para generar ingresos y aliviar a miles de hogares en el país, a los cuales este gobierno estaría afectando en medio de la mayor crisis económica que ha enfrentado Costa Rica”, apuntó la cámara en un comunicado.
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Pagan IVA y solicitan regulación
Las firmas, Uber, inDriver y Didi, a pesar de no contar con el visto bueno estatal, pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde el 18 de diciembre pasado.
Los representantes de las empresas han externado, en reiteradas ocasiones, su anuencia a que se les regule y se les aplique el marco legal costarricense.
Mediante un comunicado de prensa Didi Costa Rica se mostró opuesta ante la pretensión del CTP que califica de improcedente.
Añade que “desde el punto de vista legal carecen de fundamento. Pero también -y más grave aún- desconocen la realidad de miles de individuos y familias; así como las posibilidades que abre el avance tecnológico para la reactivación de la economía”.
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La empresa añadió que el diálogo debe ser el medio para resolver las controversias, a fin de alcanzar soluciones y consensos.
“En Didi somos activos y propositivos en el diálogo y en la búsqueda de esquemas consensuados para que Costa Rica cuente, finalmente, con una regulación adaptada a los tiempos actuales y a las necesidades de movilidad del país”, cerró el comunicado.
28.000 conductores
Uber, por su parte, lamentó que se ponga en riesgo el trabajo e ingreso de miles de familias costarricenses. Calculan que cuenta con 28.000 conductores en Costa Rica.
Recalcó su disposición e interés por participar en la discusión de la movilidad colaborativa, tanto a nivel legislativo como del Ejecutivo.
“Hemos insistido en el llamado a convocar el proyecto de ley 21.587, el cual fue suscrito y consensuado por todas las fracciones políticas representadas en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, y que, lamentablemente, no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo en este periodo de sesiones extraordinarias.
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“No se debe detener el proceso de discusión libre, que busca un marco jurídico que le brinde seguridad a todas las partes”, reseño la multinacional.
En opinión de la empresa, Costa Rica necesita una regulación innovadora y flexible. Esto permitirá reconocer las diferencias entre las plataformas de movilidad colaborativa y otras modalidades.
El Observador consultó este lunes en la Procuraduría si el CTP realizó la petición formal. La oficina de prensa respondió que aún no había llegado la solicitud.
Krissia Morris Gray
