Tomás Gómez
El proceso judicial del caso “Gallo Tapado” continuará este jueves con la petición de medidas cautelares contra los sospechosos de la sustracción de los ¢3.200 millones del Banco Nacional.
Luego de los allanamientos y detenciones del miércoles, el Ministerio Público tomó la declaración inicial a los sospechosos, proceso que terminó pasadas las 8:30 de la noche.
Tras la valoración particular de cada persona, la fiscalía determinó la necesidad de solicitar medidas cautelares contra siete de ellas.
De esta manera, un oficial de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga y la directora jurídica del Banco Nacional, de apellidos Herrera Cantillo continuarán apegados al proceso penal sin necesidad de cumplir medidas cautelares. Esto por considerarse -hasta este momento- que tuvieron una menor participación en los hechos investigados.
De momento se desconoce la hora de la audiencia y las medidas que se pedirán. Se sabe, eso sí, que se hará en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea.
El caso se lleva bajo el expediente 23-000369-1218-PE. Los presuntos implicados en este caso fueron detenidos el miércoles en 11 allanamientos de las autoridades judiciales, incluyendo las oficinas centrales del BN en San José y casas de habitación.
El caso del sobre de manila
En "Gallo Tapado" se investiga la desaparición de más de ¢3.200 millones de las bóvedas del Banco Nacional.
La investigación se centra en un hombre de apellido Olivas que tomaba el dinero aprovechando un punto ciego de la cámara de seguridad.
De ahí la ponía en sobres manila y lograba sacarla sin vigilancia. Por ello se analiza también el rol activo o pasivo que debieron tener los otros funcionarios encargados de la seguridad.
Las pruebas de momento se centran en 10 videos que registraron la salida de sobres, sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial y la fiscalía alertaron que se guardan los archivos por 45 días, lo que complicaría las investigaciones.
El individuo gastaba el dinero en la compra de lotería y juegos de azar, con transacciones que comenzaron en los ¢100.000 diarios, para luego ascender a montos millonarios.
Así lo determinan las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El presunto destino de los recursos es el que da nombre a la operación de investigación, denominada “Gallo Tapado”.
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