Josué Alvarado
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) se unen al pedido que hace el sector privado del país para que se retome la discusión del proyecto conocido como jornadas 4-3.
Esto luego de que la Sala Constitucional encontrara vicios sustanciales en la forma en como se tramitó este proyecto en la Asamblea Legislativa, a través del cual se pretendía crear una nueva jornada compuesta por cuatro días laborales de 12 horas y tres días de descanso.
Tanto Uccaep como Cacia consideran que esta iniciativa pretendía ayudar con la generación de empleo en el país y un mayor interés de inversionistas extranjeros en Costa Rica como destino.
“Tenemos un mercado de trabajo aferrado a la legislación antigua y obsoleta, que imposibilita la apertura de espacios creadores de valor y, sobre todo, bienestar humano para los trabajadores que puedan desarrollarse bajo este tipo de esquemas”, señaló el presidente de los industriales de alimentos y bebidas, Juan Ignacio Pérez.
La Uccaep, por su parte, recordó que esta iniciativa de ley ha sido ampliamente discutida por décadas y resaltó que el texto que se había logrado es un balance entre la productividad y el resguardo de los derechos de las personas trabajadoras.
“Uccaep ofrece su apoyo para colaborar con el Poder Ejecutivo y los diputados para encontrar una solución que permita darle trámite a este expediente a fin de traer bienestar a la población costarricense”, comentó el director ejecutivo de Uccaep, Jorge Luis Araya.
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Nuevo trámite en la Asamblea Legislativa
Tras la resolución de la Sala Constitucional de declarar con vicio de procedimiento el proyecto de jornadas excepcionales, la Asamblea Legislativa debe llevar a cabo un trámite para definir el futuro del expediente.
El Congreso deberá esperar el fallo con el voto completo de los magistrados de la Sala; una vez que llegue, se debe leer el por tanto en el Plenario.
Ahí, el presidente legislativo lo enviará a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde los miembros de ese órgano deben generar un informe basados en la resolución de los magistrados.
Tomando en cuenta el vicio que indicó la Sala, los legisladores podrían definir enviarlo a la Comisión de Jurídicos y ahí se tomará la decisión final sobre el futuro del expediente.
Si los diputados lo quieren revivir, comenzarán con todo el proceso legislativo; en su defecto, pueden votar para archivarlo definitivamente.
Por su parte, el Gobierno y algunas de las fracciones legislativas analizan presentar un nuevo proyecto, inclusive con el texto acordado que logró avanzar en los últimos meses.
Esa decisión se tomaría en próximos días, para aprovechar el periodo de sesiones extraordinarias de diciembre y enero, cuando el Ejecutivo maneja la agenda legislativa.
Los magistrados externaron sus criterios por la forma pero no por el fondo, lo que mantiene abierta la posibilidad de legislar sobre las jornadas excepcionales.
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