Sergio Arce
Uno de los imputados por el caso Gallo Tapado, que investiga el robo de más de ¢3.200 millones de las bóvedas del Banco Nacional, pasará seis meses de prisión preventiva.
Así lo estableció este sábado en la noche el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, luego de analizar el caso durante dos días.
El hombre es tesorero de la entidad de apellido Olivas.
Este funcionario aparentemente sacaba el dinero de las bóvedas del Banco Nacional al aprovechar un punto ciego de la cámara de seguridad, de acuerdo con las primeras pesquisas.
El Juzgado acogió parcialmente la solicitud de la Fiscalía, que alegaba riesgo de fuga y obstaculización del proceso.
El resto de los imputados quedó libre. Solo se les impuso firmar cada 15 días, no salir del país y no acercarse a testigos.
La audiencia de medidas cautelares comenzó a las 5 p.m. y se extendió por espacio de dos horas.
Allanamientos el miércoles
El primer paso se dio el miércoles pasado con una serie de allanamientos en el Banco Nacional y casas particulares. Ahí se identificaron a 9 sospechosos, de los cuales 8 quedaron detenidos.
Para el arranque de la audiencia del jueves pasado, la Fiscalía comunicó que contra un oficial de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga y la directora jurídica del Banco Nacional, de apellidos Herrera Cantillo continuarán apegados al proceso penal.
Esto sin necesidad de que cumplan medidas cautelares.
Lo anterior al considerarse -hasta este momento- que tuvieron una menor participación en los hechos investigados.
El proceso se del denominado Caso Gallo Tapado se desarrolla en el Segundo Circuito Judicial en Goicoechea. (Foto Tomás Gómez/El Observador)
Los sobres de manila
La investigación se centra en Olivas.
De acuerdo con las autoridades judicial, él colocaba los fajos de billetes en sobres manila y lograba sacarla sin vigilancia. Por ello, se analiza también el rol activo o pasivo que debieron tener los otros funcionarios encargados de la seguridad.
Las pruebas de momento se centran en 10 videos que registraron la salida de sobres, sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía alertaron que se guardan los archivos por 45 días, lo que complicaría las investigaciones.
Las autoridades judiciales señalaron a 9 personas involucradas en este caso sospechosas de los delitos de legitimación de capitales, incumplimiento de deberes y facilitación de sustracción de dinero.
El caso
El 23 de octubre el Banco Nacional confirmó por medio de un comunicado el desarrollo de una investigación relacionada a los ¢3.200 millones.
Un día después, en conferencia de prensa, la entidad confirmó “diferencia contable” en él Área de Administración de Numerario.
En ese momento, informaron sobre la presentación de la denuncia judicial contra cinco empleados: dos supervisores del área, un técnico, un custodio y un contador. Se les denunció por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
A ellos se les suspendió con goce de salario.
En ese momento, el Banco Nacional dijo desconocer qué pasó con el dinero. Los millones estaban resguardados en este departamento enefectivo.
El gerente interino del banco, Jaime Murillo, explicó esos montos que se resguardan en esta área es de sus clientes, recogido por los proveedores externos y llevado hasta el banco donde se mantiene bajo custodia.
“El cómo no lo tenemos todavía (…) No hemos logrado determinar cómo fue la salida o la sustracción”, señaló en esa primera comunicación.
La Fiscalía abrió de inmediato la investigación, incluso antes de la denuncia del Banco Nacional.
El fiscal general, Carlo Israel Díaz, sostuvo días después que la primera tesis para las pesquisas era que el dinero físico fue sustraído del banco.
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