Tomás Gómez
El Procurador General de la República, Iván Vincenti, y la Procuradora Silvia Patiño comparecieron como testigos en la investigación que sigue el Ministerio Público por el diferendo entre el Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por la negativa del ente supervisor de entregar datos que considera confidenciales.
El dato lo confirmó a El Observador el propio Procurador General.
“Tanto la señora Silvia Patiño Cruz, como el suscrito, fuimos citados a comparecer ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; en calidad de testigos dentro del proceso que cita”, anotó.
El expediente es el 23-000107-1218-PE. En él se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Vicenti señaló además que, de momento, la Procuraduría no tiene ninguna participación en esa causa.
El dictamen de Procuraduría
A mediados de agosto la superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, dio a conocer que el Banco Central la había denunciado por no entregar varios datos sobre las operaciones crediticias del país, por considerarlos confidenciales.
El caso había surgido meses atrás cuando el Banco Central había comenzado a pedir la data; que alegan es necesaria para la generación de indicadores de riesgo hidrológico.
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Ante las dudas, Aguilar recurrió a la Procuraduría -ente que actúa como abogado del Estado- para solicitar su criterio sobre el tema de los datos.
La institución emitió un análisis donde legitimaron las peticiones del Banco, siempre y cuando puedan justificar la solicitud.
Parte de las conclusiones señalaban que:
Los datos crediticios no quedan protegidos en la excepción contenida en el numeral 18 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, por no poder ser catalogados como datos sensibles.
PGR-C-125-2023
Consecuentemente, como regla general, la SUGEF debe entregar a las instituciones que forman parte del Sistema de Estadística Nacional, toda la información relacionada con operaciones crediticias, en la medida que tengan un fin estrictamente estadístico y que no se trate de información sensible, lo cual debe ser justificado tanto en la solicitud de las autoridades del Sistema Nacional de Estadística, como en el eventual rechazo de la información específica que pueda realizar SUGEF.
El texto completo puede leerse a continuación:
Lo que se sabe del expediente
Según la información que ha publicado la Fiscalía, la investigación tiene como imputada a Rocío Aguilar.
“La causa se originó en una denuncia presentada por el BCCR contra la superintendenta; debido a que, supuestamente, esta se negó a entregar información que el Banco solicitó en relación con datos crediticios estadísticos”, señaló la institución.
Entre las diligencias realizadas destacó cuando el 1° de setiembre se hizo un allanamiento para obtener un acta del Consejo Nacional del Sistema de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). En ese momento se indicó que hubo un acuerdo en la sesión realizada el 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad retirar una denuncia presentada contra Aguilar.
De acuerdo con Fiscalía, también busca establecer, si directivos del Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
El Observador consultó al Ministerio Público si se habían realizado otros allanamientos, secuestros de documentos o trámites; pero alegaron que no se puede brindar información por tratarse de una investigación en curso.
